Luego de un año de los desalojos forzados ocurridos el 27 de abril de 2022 en la Floresta del Colli, en Zapopan, la Asamblea de las 71 familias afectadas exigen justicia y compromiso por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para brindar soluciones justas y dignas sin vulnerar sus derechos.
Desde aquel día, los habitantes han vivido una situación de extrema dificultad, ya que no cuentan con un hogar seguro y digno, ya que la mayoría de ellos provienen de pueblos pequeños y se han refugiado con parientes y otros más rentando en espacios reducidos.
“Nunca hay representantes, en la queja de derechos humanos la respuesta de ellos fue que Conagua es el responsable, pero Conagua nunca ha dado la cara, nunca se ha pronunciado en el contexto de su responsabilidad, y pues seguimos en lucha. Gobierno del estado también nos cerraron la puerta, nos dijeron que ellos también no tenían responsabilidad y pues así ha sido el proceso de nosotros”, explicó Jesús Arturo López Ramírez, representante de los afectados.
Al tratarse de un asunto de índole federal, desde noviembre de 2022 derivaron la queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En cuanto al ayuntamiento de Zapopan, refirieron que sólo les brindó alimento por 22 días y después sólo se deslindaron del tema, al decir que la responsabilidad no era de ellos y sólo se limitaban a programas sociales, era un tema de paracaidistas.
Por su parte, Carla Escoffié, asesora jurídica de la comunidad de la Floresta y voluntaria de Techo, recalcó que no hubo fundamento legal por las autoridades y estatales e incluso están siendo paradigmáticos al hablar del asunto de la repoblación y el derecho a la vivienda, por lo que el caso se elevará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No se les dejó ni siquiera algún tipo de documento en el cual se fundamente por qué les estaba sacando, ni absolutamente nada, además el argumento que utilizó las autoridades de Jalisco y de Zapopan fue que ellos estaban en una zona de la delta de un riachuelo seco y conforme a la legislación mexicana no pueden haber viviendas a 10 metros donde el cauce de un río”, dijo Escoffié.
Personal de la Secretaría de Bienestar fue el único que en su momento ofreció apoyo para los habitantes, que de igual manera no ha llegado pese al diálogo constante.
Los habitantes recordaron que los hechos ocurrieron en el marco de lo que se llamó “Miramar Seguro”, y argumentando bajo el lema de salvaguardar a las personas por el río; cuando se trata de un riachuelo seco.
Actualmente sigue en trámite el juicio de amparo y la comunidad cuenta con ese medio de defensa, donde se exige que se les permita el retorno a la zona y se les indemnice entre algunas otras medidas.
AA