A un año de los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils, en Cataluña, noreste del país, hay aún temas pendientes sobre los terroristas y su comportamiento, sobre la lucha antiterrorista y cooperación policial y sobre la resiliencia social ante el terrorismo y la prevención de la radicalización violenta.
Los investigadores del Real Instituto Elcano, Fernando Reinares y Carola García-Calvo presentaron un análisis sobre las lecciones que están pendientes al cumplirse el primer aniversario de esos atentados que tuvieron lugar los días 17 y 18 de agosto del año pasado dejando 17 víctimas mortales.
Los especialistas recordaron que 13 meses antes de los atentados, un estudio realizado por el Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano subrayaba que había elementos suficientes para advertir sobre la amenaza que para España suponía la organización yihadista.
Esta organización se constituyó a partir de la que hasta febrero de 2013 fue la rama iraquí de al-Qaeda y luego rival de ésta por la hegemonía de la yihad global.
Ese estudio subrayó que tanto los 124 detenidos dentro del territorio español entre junio de 2013 y mayo de 2016 por su implicación en actividades relacionadas con Estado Islámico, como los 160 combatientes terroristas extranjeros que hasta entonces habían salido de España con destino a Siria destacaban ese riesgo.
Entre las lecciones aún pendientes, sobre los terroristas y su modo de comportamiento, los investigadores destacaron que la manera en que actuó la célula autora de los atentados del año pasado de manifiesto que los yihadistas activos en Europa Occidental mantienen su voluntad de llevar a cabo atentados con explosivos.
Esto, en pequeños grupos bien inspirados o bien dirigidos por sus organizaciones de referencia basadas en el exterior.
Además, disponen de procedimientos menos sofisticados, igualmente efectivos, para provocar atrocidades, como vehículos sin bomba y cuchillos.
En cualquier caso, señalaron, es relevante la habilidad de los terroristas para improvisar su “modus operandi”, en el caso de verse obligados a ello, de acuerdo con los medios a que hayan tenido acceso y como se demostró con los atentados de hace un año.
Sobre la lucha contra el terrorismo y la actuación policial, Reinares y García-Calvo indicaron que se debió poner mayor atención en el imán marroquí de 44 años de edad Abdelbaki Es Satty, quién actuó como agente de radicalización para los integrantes de la célula.
“Individuos como el imán Es Satty debieron haber recibido una especial atención por parte de las agencias de seguridad que en Cataluña cuentan con mandato antiterrorista, es decir, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil”, sostuvieron.
Esto, no sólo por su pasada presencia en círculos yihadistas, algo que era conocido por esos cuerpos policiales y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sino también por su relación con congregaciones salafistas, tan extraordinariamente extendidas en Cataluña.
Además, se sabía ya de sus movimientos en la ciudad belga de Vilvoorde, una destacada bolsa de islamismo radical.
Los especialistas calificaron de deficitaria la actuación policial cuando se produjeron los atentados de Barcelona y Cambrils.
Agregaron que una adecuada cooperación policial es posible a través del Centro de Inteligencia sobre Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) y, en otro ámbito, mediante la Unidad Nacional de Europol.
“Bajo autoridad judicial, la investigación posterior a los atentados ha mostrado que se puede evitar la descoordinación y avala la iniciativa de crear un mecanismo de inteligencia judicial contra el yihadismo”, resaltaron.
Agregaron que en agosto de 2017 la actuación policial estaba, asimismo, mermada por la insuficiente implementación de la legislación sobre control de precursores de explosivos o la inexistencia de protocolos formales para seleccionar imanes.
Por último, advirtieron que la sociedad española en general y la catalana en particular tienen otra lección que aprender después de los atentados en Barcelona y Cambrils, sobre resiliencia frente al extremismo violento.
Explicaron que las segundas generaciones son aún minoritarias entre la población musulmana en España.
Sin embargo, el hecho de que nueve miembros conocidos de la célula que atentó hace un año provinieran de las mismas, como ocurre con seis de cada diez yihadistas detenidos en España entre 2013 y 2017, sugiere que entidades públicas y de la sociedad civil tienen que abordar las causas que propiciaron su desarraigo.
Añadieron que también es necesario analizar los factores que explican su adhesión al salafismo yihadista para intervenir con acierto y de un modo coordinado a diferentes niveles de gobierno, en prevenir la radicalización violenta.