Los legisladores republicanos de Texas votaron por mayoría a favor de destituir al fiscal general de este estado al sur de Estados Unidos por cargos de corrupción, y fue suspendido de su puesto hasta que se enfrente a un juicio en el Senado.
La destitución temporal del fiscal general Ken Paxton marcó la sorprendente caída de un ardiente defensor del expresidente Donald Trump y con un perfil nacional en ascenso.
Tras un debate, los legisladores que consideraban la destitución de Paxton votaron 121 a favor, 23 en contra y dos no votaron.
Andrew Murr, es un legislador republicano y habló sobre la evidencia que los hizo tomar esta decisión en contra del fiscal.
"La evidencia es sustancial. Es alarmante y desconcertante", dijo.
Paxton no retrocedió a pesar de la abrumadora votación en su contra e hizo un tweet al respecto.
"Lo que acabamos de presenciar es ilegal, poco ético y profundamente injusto", mencionó.
Trump acudió a su plataforma Truth Social y dijo que quienes impugnaron a Paxton eran "demócratas radicales de izquierda" y "RINOs", es decir republicanos sólo de nombre.
Los 20 artículos del juicio político contra Paxton fueron por corrupción, malversación de fondos públicos, incapacidad para el cargo y obstrucción de la justicia.
La acusación alegaba que Paxton presionó a su personal para que protegiera a un amigo y donante de ser procesado. A cambio, el donante dio un trabajo a una mujer con la que el republicano tuvo una relación extramarital y financió obras en su casa, afirmaba el documento.
No está claro de momento cuándo el Senado, liderado por republicanos, sometería a juicio a Paxton. Su destitución permanente requeriría el voto de dos tercios del Senado.
Elegido en 2014 para dirigir la judicatura de Texas, Paxton fue acusado de fraude financiero en 2015 y su juicio está pendiente. Esto no le impidió ganar la reelección en 2018, y de nuevo en 2022.
En 2020, miembros de su equipo habían advertido de su abuso de poder y fueron despedidos. Estos "informantes" presentaron posteriormente una demanda por despido improcedente.
A principios de este año, Paxton llegó a un acuerdo para poner fin a sus demandas a cambio de 3,3 millones de dólares.
Paxton había pedido a Texas que pagara la factura, lo que dio lugar a una investigación de la comisión del Congreso y a la votación de destitución que supuso su suspensión del cargo.
Paxton es ahora el tercer funcionario activo sometido a juicio político en la historia de Texas, y el primero desde 1975.
JB