La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este 24 de junio a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres estadounidenses al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa.
Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia 'Roe v. Wade' de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.
En un país muy dividido es probable que la mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro más conservadores y religiosos, podrían prohibirlas en un plazo más o menos corto.
"La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho", escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría Roe v. Wade "debe ser anulado".
"Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo a los parlamentos locales", escribió.
Una formulación muy parecida al anteproyecto de sentencia que había sido filtrado a principios de mayo, provocando importantes manifestaciones en todo el país y una ola de indignación en la izquierda.
Desde entonces la situación era tensa en las inmediaciones del alto tribunal, acordonado por las fuerzas de seguridad para mantener a distancia a los manifestantes.
El 8 de junio, incluso se detuvo a un hombre armado cerca del domicilio del magistrado Brett Kavanaugh y fue acusado de intento de asesinato.
Diferentes restricciones
Trece estados, principalmente del sur y el centro -los más religiosos y conservadores-, han adoptado en los últimos años las llamadas leyes ‘zombie’ o ‘gatillo’, redactadas para entrar en vigor automáticamente en caso de un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Esas leyes prohíben el aborto con matices: por ejemplo, Idaho prevé excepciones en caso de violación o incesto; Kentucky solo en caso de peligro para la vida de la mujer embarazada; Luisiana contempla hasta diez años de prisión para los profesionales de la salud; Misuri hasta 15 años.
En algunos estados, como Dakota del Sur, debían entrar en vigor "el día" de la decisión. En otros, como Arkansas o Misisipi, el fiscal general primero tendrá que confirmar que la Corte ha cambiado el marco legal.
Finalmente, en los casos de Texas o Tennessee, ambos disponen de un plazo de 30 días entre la publicación de la sentencia y la entrada en vigor de la nueva prohibición.