Managua
Rodeada por barricadas de adoquines y piedras, a cuyo alrededor han quedado botellas rotas, manchas de sangre en el pavimento y casquillos de balas de fusil disparadas por la policía, la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), en la zona norte de Managua, se ha convertido en un improvisado cuartel de jóvenes rebeldes.
Al lugar se accede con mucha dificultad, luego de pasar varios retenes de seguridad que incluyen una minuciosa revisión del visitante y su vehículo. Dentro del recinto, decenas de adolescentes se reúnen, reciben noticias sobre presos y desaparecidos, escriben proclamas a la prensa. La semana pasada, a varios de ellos les tocó curar a sus compañeros heridos, haciendo torniquetes con sus camisas y usando los escritorios como quirófano.
La prensa local afirma que en la Upoli hay más de 500 jóvenes atrincherados desde que iniciaron las protestas, hace diez días. Surgidos como un grupo de “universitarios auto-convocados” que salió a las calles inconformes con una reforma al Seguro Social, se han constituido ya en el Movimiento Estudiantil 19 de Abril (M19A). Sus líderes apenas rebasan los 20 años. Su identidad no ha sido divulgada, pero sorprendieron al país por desafiar sin armas al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Ortega fue uno de los principales comandantes del Frente Sandinista, el movimiento guerrillero que asumió el poder en 1979 tras derrocar al dictador Anastasio Somoza, que había convertido a Nicaragua en su hacienda privada. Hoy, cuatro décadas más tarde y con 72 años a cuestas, el político está del otro lado, enfrentado a la mayor rebelión ciudadana en los 11 años de su administración.
La más reciente proclama del M19A fue difundida la noche del miércoles, cuando en rueda de prensa anunciaron que aceptan acudir a un diálogo propuesto por Ortega con mediación de la Iglesia católica y bajo plenas garantías de seguridad para ellos y sus familias.
Pero advirtieron que asistirán “siempre y cuando se nos garantice la seguridad de todos los estudiantes, la población, y que no exista persecución política para ninguno de los insurrectos”.
“Para evitar más derramamiento de sangre, aceptamos la invitación que nos ha extendido la Conferencia Episcopal de ser partícipes en la mesa del diálogo, en el marco del respeto a todos los estudiantes y a nuestra Constitución Política”, indicó el texto leído por una joven de la agrupación.
El pasado domingo y bajo una lluvia de críticas de gobiernos y organismos internacionales, Ortega revocó la polémica reforma y accedió a dialogar. Falta definir la fecha, la agenda y los participantes.
Añadieron que mantendrán en pie una serie de demandas, como la destitución de ocho altos jefes de la Policía y su juzgamiento en los tribunales por su actuación desmedida durante las protestas, con saldo de al menos 63 muertos, según informó ayer la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua. Otros diez se encuentran “sumamente graves” en hospitales del país.
También demandan el cese de la represión, la aparición con vida de los jóvenes aún desaparecidos (60, según la CPDH) y “una indemnización a las familias de cada uno de los muertos”.
Las instalaciones de la Upoli siguen rodeadas por antimotines para, según el M19A, “crear zozobra”.
Según analistas, la protesta sacó a luz un profundo descontento soterrado. Ortega, que gobernó por primera vez en los años de 1980, durante la revolución sandinista, volvió al poder en 2007 y se reeligió dos veces ( 2011, 2016) en comicios que la oposición calificó de fraudulentos.
Una semana antes de la aprobación de la polémica reforma, miles de jóvenes auto-convocados protestaron en Managua por la indolencia oficial ante un incendio que devoró más de 5 mil hectáreas en la reserva ecológica Indio Maíz, la segunda más importante del país. El gobierno minimizó el desastre.