LA PAZ. — La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez irá a prisión preventiva por cuatro meses, al igual que dos de sus exministros, después de que una jueza emitiera una orden bajo las acusaciones de terrorismo y sedición relacionadas a la crisis política en la que murieron 36 personas y obligó a la renuncia del entonces mandatario Evo Morales en 2019.
Tras una audiencia virtual debido a la pandemia, la jueza de medidas cautelares Regina Santa Cruz dio razón a la fiscalía que pidió la detención de la exmandataria en una cárcel de mujeres de La Paz.
También ordenó el arresto de dos de sus exministros por riesgos que pueden obstaculizar el proceso.
Áñez y los dos detenidos siguieron la audiencia desde celdas policiales y en las siguientes horas serán trasladados a prisión.
En las afueras de la policía en La Paz, poco más de un centenar de personas se apostaron con carteles para reclamar justicia por los fallecidos.
“Hasta ahora nadie me ha escuchado, ahora pido justicia. A mi hijo Juan Martín Paco lo han matado. Tenía 18 años”, dijo Bertha Paco entre sollozos.
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Poco antes de la audiencia, que duró más de diez horas, Áñez habló con los periodistas por la rejilla de su celda.
“Esto es una arbitrariedad. Su busca criminalizar la pacificación del país. Se menoscaban mis derechos de expresidente. Yo merezco un caso de corte”, dijo.
La política derechista de 53 años ha sumado apoyo de políticos opositores, de organizaciones de derechos humanos e incluso de la Conferencia Episcopal que ha pedido la libertad de la exmandataria.
En tanto, desde Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los políticos bolivianos a “consolidar la paz” y pidió un “debido proceso” para los detenidos.
El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó, a su vez, por el “diálogo y la reconciliación” en Bolivia y pidió resolver los conflictos “en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.
La detención de Áñez y de sus excolaboradores y la orden para aprehender a otros líderes de la oposición han reactivado las tensiones políticas en la nación andina y ocurren en momentos en que el presidente izquierdista Luis Arce enfrenta críticas por la lenta vacunación contra el Covid-19, por su falta de medidas efectivas para reactivar la economía, a lo que se suma un retroceso de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de gobernadores y alcaldes que favorecieron a la oposición en los comicios de la semana pasada y en los que también Añez resultó derrotada en la carrera por la gobernación de Beni.
Los llamados de la ONU y la UE ponen énfasis en la actuación de la justicia boliviana, que ha estado en la mira internacional por décadas. Numerosos estudios la han cuestionado por lo que consideran una falta de independencia y subordinación al poder político.
Líderes opositores calificaron los arrestos como una vendetta política y acusan a Morales de alentarlas. Arce no se ha pronunciado, pero su vice David Choquehuanca dijo que “no es el odio que guía nuestros actos, sino una pasión por la justicia”.
Morales, por su parte, pidió desde Buenos Aires que “se investigue y se sancione a los autores y cómplices de la dictadura”.
La Fiscalía busca detener a políticos, activistas, militares y policías que pidieron la renuncia de Morales en noviembre de 2019 cuando el país vivía una violenta convulsión en las calles y una arremetida de las fuerzas del orden que dio muerte por bala a 19 partidarios del expresidente.
La convulsión estalló tras las elecciones de octubre de 2019 en las que Morales buscaba una cuarta reelección y que fueron denunciadas de fraudulentas.
Durante un mes las calles de varias ciudades fueron campo de batalla entre partidarios y opositores que desencadenaron en la renuncia de Morales y su partida hacia México.
Tanto Morales como Arce han calificado el hecho como un “golpe de Estado”, pero el dirigente opositor y expresidente boliviano Carlos Mesa ha dicho que ese argumento busca “encubrir el monumental fraude” en los comicios del 2019.
Áñez argumenta que no fue golpe de Estado, sino una sucesión constitucional. Ella era la única senadora en la línea de sucesión tras la renuncia de legisladores partidarios de Morales.
En su gestión de un año, Áñez impulsó ocho juicios contra Morales por fraude electoral, sedición y terrorismo, entre otros, pero todos quedaron archivados por la Fiscalía tras la asunción de Arce, quien ganó las elecciones en octubre del 2020. El mandatario también amnistió a sus partidarios que estaban investigados.
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