En El Salvador, una mujer que fue trasladada de emergencia a un hospital por presentar dificultades durante su embarazo en 2019; Esme está evitando una condena definitiva de 30 años, tras perder a su bebé. En el país salvadoreño cualquier tipo de aborto está prohibido y es castigado.
Cuando Esme de 28 años, salió del hospital después de haber perdido a su bebé quedó en detención provisional por dos años. En 2021 fue liberada y durante mayo del 2022 recibió la condena en primera instancia de un tribunal del oriente del país.
La sentencia se considera como aborto de homicidio agravado. El 24 de mayo se espera una notificación escrita, donde anunciarán sí Esme podría volver a la cárcel.
A Esme "la han dejado en libertad preventiva, y tiene que ir a firmar cada 15 días (al tribunal)", declaró Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Acdatee).
"Comenzamos a preparar la apelación. Si la apelación no resuelve, vamos a recurrir a la figura de casación (anulación del juicio) y en última instancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", explicó Herrera.
La condena de Esme, quien a través de Acdatee ha agradecido el apoyo, es la primera durante la gestión del presidente Nayib Bukele quien, según Herrera, se "había comprometido a poner fin a la persecución sistemática" de mujeres con este tipo de problemas.
El Código Penal salvadoreño desde 1998 prohíbe el aborto en todos los casos y establece penas de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican incluso los casos de aborto involuntario como "homicidio agravado", con penas de hasta 50 años.
Mujeres condenadas por aborto
Desde 2009, 64 mujeres condenadas por emergencias de salud durante el embarazo, la mayoría de condición humilde, han sido liberadas apoyadas por Acdatee y otras agrupaciones.
Para el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, el caso de Esme "es el reflejo de un sistema de justicia cuestionado que, sin investigación, condena violentando los derechos humanos de las mujeres".
"Estamos viendo otro caso más de una mujer que ha sido sentenciada en lo que nosotros llamamos una farsa de justicia", dijo por su parte a la AFP la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara.
Recordó que a Esme inicialmente se le encarceló de forma preventiva "por tener un aborto espontáneo y no contar con la atención integral para prevenir situaciones, en un contexto en donde se penaliza totalmente el aborto".
"La ley draconiana" en El Salvador pone en evidencia "una forma extrema y radical de discriminación y violencia en contra de las mujeres y las niñas", agregó Guevara.
Mientras países por toda América Latina están tomando grandes pasos a favor del derecho al aborto legal, "es decepcionante ver que El Salvador sigue estando en el lado equivocado de la historia y de los derechos humanos", señaló.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han llamado a las autoridades a despenalizar el aborto y reformar leyes.
Sin embargo, en septiembre del 2021, Bukele retiró de un proyecto de reforma constitucional la posibilidad de legalizar el aborto cuando la vida de la madre corre peligro, tras críticas de la Iglesia católica.