El Salvador ordena destruir tumbas de supuestos pandilleros, “ningún terrorista merece reconocimiento”, dice viceministro de Justicia

Los restos de los fallecidos seguirán en el mismo lugar, pero los familiares no podrán poner mensajes o imagen relacionada con pandillas o maras.

Tumbas de supuestos pandilleros destruidas en El Salvador / Twitter @OsirisLunaMeza
El Salvador /

Las tumbas de supuestos pandilleros que tienen imágenes o símbolos relacionados con estructuras delictivas, fueron destruidas, de acuerdo al viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna.

“Ningún terrorista merece ningún reconocimiento, por eso destruimos todo rastro de estos grupos”, publicó Luna a través de su cuenta de Twitter.

Se trata de personas que fueron reos en la fase procesal de confianza, miembros del programa penitenciario “Yo cambio”, quienes destruyeron varias sepulturas en el cementerio de Santa Tecla, a unos 10 kilómetros de San Salvador.

De acuerdo a Luna, los terroristas “honraban” a las tumbas y ponían flores a sus integrantes.

Las autoridades mencionaron que los restos de los fallecidos seguirán en el mismo lugar, pero los familiares ya no podrán poner ningún mensaje o imagen relacionada con maras o pandillas.

Es importante mencionar que el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele también ha realizado jornadas de borrado de grafitis para prevenir que las pandillas pinten mensajes que causen miedo entre la población.

Según las autoridades, estas medidas son parte de lo que denominan “guerra contra las pandillas”, una política que entró en vigor desde que a finales de marzo, hubo un repunte de violencia que dejó a 62 muertos en un solo día. Por lo que las autoridades culparon a las pandillas de esas muertes.

A petición del gobierno, la Asamblea Legislativa aprobó el 29 de marzo el régimen de excepción, que ha sido prorrogado en siete ocasiones por lapsos de 30 días. El último fue aprobado el 14 de octubre, y las autoridades señalaron que desde su vigencia, más de 56 mil personas han sido detenidas.

Cabe señalar que el régimen suspende garantías constitucionales, como la libertad de asociación y el derecho a la defensiva, y extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional. Asimismo, permite a las autoridades intervenir las telecomunicaciones sin necesidad de la autorización previa de un juez.

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