El estado de Florida, de Estados Unidos, aprobó una ley con duras medidas contra la migración irregular, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente.
DeSantis firmó el texto durante un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema "La crisis fronteriza de Biden", el presidente demócrata al que acusa de no atender la inmigración ilegal.
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El mandatario del estado, afirmó que las situaciones que se viven en la frontera de México con Estados Unidos se debe a los cárteles.
"Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense", dijo.
Entre las medidas más destacadas que se tomarán, exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
La ley obligará además a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos del estatus migratorio de sus pacientes, y convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
Las autoridades dejarán por otra parte de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes que ingresaron al país de forma ilegal, además de prohibir la financiación de programas locales para otorgarles documentos de identidad.
Unos 660 mil extranjeros residían en Florida en situación irregular en 2018, según la última estimación publicada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos en 2021.
DeSantis, es una figura ascendente de la derecha estadounidense, ha promovido en los últimos meses una agenda muy conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza, la inmigración o el derecho al aborto.
El gobernador dijo que la ley migratoria es una medida necesaria para reducir la delincuencia provocada, según él, por la "enorme negligencia" de la administración Biden.
Antes de firmar el texto, puso como ejemplo varios delitos violentos cometidos en Florida por "extranjeros ilegales" y las muertes provocadas por el tráfico de fentanilo desde México.
"Ha afectado mucho a nuestro país y Florida está contraatacando", declaró.
Las iniciativas de DeSantis han sido cuestionadas por defensores de los derechos humanos.
Tessa Petit, directora ejecutiva de la organización Florida Inmigration Coalition, mencionó en un comunicado sobre las decisiones del gobernador.
"Florida penaliza a los inmigrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en países convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí la paz y la prosperidad", declaró.
Las críticas de los detractores se centran sobre todo en las consecuencias del uso de E-Verify y la obligación para los hospitales de recopilar datos de sus pacientes.
Según la ONG Florida Policy Institute, la imposición de utilizar E-Verify podría costarle doce mil 600 millones de dólares en un año a la economía de Florida, donde trabajan numerosos extranjeros en situación migratoria irregular en sectores como la construcción, la agricultura, la restauración y el ocio.
JB