CIUDAD DE MÉXICO.- De aprobarse la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, las empresas de telefonía móvil estarán obligadas a suspender el servicio a los usuarios que no se registren, aseguró la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
De acuerdo con la asociación, entre otras medidas, la iniciativa obliga a los concesionarios de telecomunicaciones, bajo la amenaza de una sanción, a suspender el servicio móvil de 99.1 millones de usuarios en la modalidad de prepago, es decir, 83 por ciento de los suscriptores si no se registran en el plazo de un año.
"La suspensión o cancelación del servicio móvil, por no registrarse, es muy grave porque además de violar derechos fundamentales, pone en estado de indefensión, de riesgo y de vulnerabilidad a las personas", advirtió la asociación en un comunicado.
Al perder el servicio móvil y su número telefónico se puede limitar el acceso de los usuarios a sus contactos y documentos, así como comprometer la secrecía de sus comunicaciones, el acceso a sus cuentas bancarias y múltiples actividades privadas que realiza mediante sus dispositivos, explicó la Amedi.
La propuesta, avalada esta tarde por el pleno de la Cámara de Diputados, "permitiría a las autoridades de seguridad y de procuración de justicia el libre ejercicio de mecanismos de control sobre las personas usuarias de los servicios móviles mediante el acceso a sus datos personales".
Entre la información que contendrá el padrón se encuentra el número telefónico, el identificador de la tarjeta SIM, número de identificación oficial con fotografía y clave única de población, y la especificación de si el usuario es prepago o pospago.
El proyecto contempla que los usuarios deban presentar ante el concesionario el equipo celular, la tarjeta SIM, así como la documentación fehaciente para registrarse en el padrón, y "en caso de no realizar dicho trámite dentro del plazo señalado, se les suspenderá la prestación del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna".
La iniciativa, turnada al Senado de la República para su análisis, tiene el objetivo de frenar los delitos de extorsión y secuestros que se cometen desde los centros penitenciarios a través de teléfonos celulares que ingresan de forma clandestina, detalló la Amedi.
"No se deben afectar los derechos fundamentales de la población con una medida, como el registro de usuarios, que en el pasado ha demostrado no ser efectiva para el fin que persigue. Una posible solución al problema es impedir que se introduzca cualquier tipo de tecnología de comunicación a las cárceles", urgió la asociación.
ard