ESPECIAL.- De 2012 a 2018, ocurrieron en el país 12 mil 374 casos de mujeres asesinadas a golpes, asfixiadas o con rastros de violencia sexual o mutilación; sin embargo las diferentes instituciones encargadas de impartir justicia no reconocieron esas muertes como feminicidios.
Las fiscalías estatales "han reportado oficialmente 3 mil 56 feminicidios", según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esta investigación inició en marzo de 2019, cuando dicha organización "solicitó a las 32 entidades federativas las versiones públicas de las sentencias que resultaron en absolución de presuntos feminicidas en el periodo 2012-2018".
En ese periodo, ocurrieron 739 condenas por feminicidio y 105 absoluciones de 3 mil 56 asesinatos de mujeres en condición de feminicidio en todo el país.
Los investigadores de MCCI quisieron conocer las causas por las cuales se absuelve a los presuntos feminicidas, "pero los sistemas de procuración de justicia de los estados fueron opacos y omisos en revelar esa información".
La información sobre el tema fue solicitada vía transparencia en cada una de las entidades del país "solo fueron entregadas 18 sentencias absolutorias de casos de apenas un puñado de entidades federativas.
¿Son pocas como para sacar conclusiones? No. Son demasiadas muertes de mujeres con una constante: impunidad increíble".
La conclusión de la investigación es que todas "las liberaciones ocurrieron por fallas al debido proceso y no por dudas fundadas sobre la responsabilidad del inculpado. Todas".
Se apunta que en esas 18 carpetas "hay indicios, evidencias, testimonios, videos, objetos, vehículos, escenas del crimen, dictámenes periciales y elementos que, de haberse procurado correctamente, habrían bastado para que las víctimas de esos feminicidios tuvieran justicia, en vez de la sentencia de absolución de quienes dieron muerte a esas mujeres".
Así, el feminicidio en México ocurre no solo a manos de un victimario, "sino encubierto, o permitido de facto, por todo el sistema de justicia de los estados, que encima reservan los expedientes donde quedaría evidenciada su impericia y negligencia".
Las "aberraciones procesales" en que incurren los juzgadores podrían ser evitables. En la investigación se ponen ejemplos de ello.
En el caso de una mujer que fue asesinada por su pareja a bordo de un auto, éste "pasó tres años en un corralón de la fiscalía mexiquense sin que se tomaran huellas, muestras de sangre o de ADN".
En otro caso "los videos de las cámaras de seguridad del motel donde otra mujer fue violada y asesinada pasaron por varias manos antes de llegar a la policía y por ello fueron invalidados como prueba", entre otras muchas.
cog
ESPECIAL.- De 2012 a 2018, ocurrieron en el país 12 mil 374 casos de mujeres asesinadas a golpes, asfixiadas o con rastros de violencia sexual o mutilación; sin embargo las diferentes instituciones encargadas de impartir justicia no reconocieron esas muertes como feminicidios.
Las fiscalías estatales "han reportado oficialmente 3 mil 56 feminicidios", según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esta investigación inició en marzo de 2019, cuando dicha organización "solicitó a las 32 entidades federativas las versiones públicas de las sentencias que resultaron en absolución de presuntos feminicidas en el periodo 2012-2018".
En ese periodo, ocurrieron 739 condenas por feminicidio y 105 absoluciones de 3 mil 56 asesinatos de mujeres en condición de feminicidio en todo el país.
Los investigadores de MCCI quisieron conocer las causas por las cuales se absuelve a los presuntos feminicidas, "pero los sistemas de procuración de justicia de los estados fueron opacos y omisos en revelar esa información".
La información sobre el tema fue solicitada vía transparencia en cada una de las entidades del país "solo fueron entregadas 18 sentencias absolutorias de casos de apenas un puñado de entidades federativas.
¿Son pocas como para sacar conclusiones? No. Son demasiadas muertes de mujeres con una constante: impunidad increíble".
La conclusión de la investigación es que todas "las liberaciones ocurrieron por fallas al debido proceso y no por dudas fundadas sobre la responsabilidad del inculpado. Todas".
Se apunta que en esas 18 carpetas "hay indicios, evidencias, testimonios, videos, objetos, vehículos, escenas del crimen, dictámenes periciales y elementos que, de haberse procurado correctamente, habrían bastado para que las víctimas de esos feminicidios tuvieran justicia, en vez de la sentencia de absolución de quienes dieron muerte a esas mujeres".
Así, el feminicidio en México ocurre no solo a manos de un victimario, "sino encubierto, o permitido de facto, por todo el sistema de justicia de los estados, que encima reservan los expedientes donde quedaría evidenciada su impericia y negligencia".
Las "aberraciones procesales" en que incurren los juzgadores podrían ser evitables. En la investigación se ponen ejemplos de ello.
En el caso de una mujer que fue asesinada por su pareja a bordo de un auto, éste "pasó tres años en un corralón de la fiscalía mexiquense sin que se tomaran huellas, muestras de sangre o de ADN".
En otro caso "los videos de las cámaras de seguridad del motel donde otra mujer fue violada y asesinada pasaron por varias manos antes de llegar a la policía y por ello fueron invalidados como prueba", entre otras muchas.
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