MONTERREY.- A cinco días de que policías de Fuerza Civil les dieron muerte a dos albañiles en una construcción del sur de la ciudad, el Gobierno del Estado no les ha brindado apoyo alguno a los deudos.
El pasado martes las víctimas fueron sepultadas en su natal Aquismón, San Luis Potosí, y para el traslado de los restos fue determinante la ayuda de aquel ayuntamiento, por mucho más rezagado económicamente que una entidad como Nuevo León.
Ante esta situación, y presionado por los medios, el gobernador Jaime Rodríguez se comprometió a apoyar a las familias de los trabajadores, a reserva de lo que en su momento resuelva la Fiscalía General.
Rodríguez Calderón advirtió que la autoridad estatal castigarán los abusos que, en el desempeño de sus funciones, pudieran llegar a cometer los oficiales.
Por el momento los mandos de Fuerza Civil, y por ende el Gobierno del Estado, esperan la conclusión de las investigaciones que, por ahora, lleva a cabo el Ministerio Público.
Hasta el momento la autoridad investigadora no ha judicializado, es decir, imputado ante un juez, a ningún policía involucrado en el incidente que cobró la vida de dos albañiles de origen potosino, el pasado fin de semana en el sur de Monterrey.
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