MONTERREY.- El municipio de Marín es investigado por compras simuladas y la desaparición sin justificación de más de 3 millones de pesos durante la administración que está por culminar.
A través de un documento en propiedad de TELEDIARIO, se detalló que los casos generaron un quebranto al erario de por lo menos 3 millones 373 mil 487 pesos.
Tras una investigación, la Auditoría Superior del Estado detectó actos irregulares realizados por diversos funcionarios, que utilizaron los recursos de forma indebida de la cuenta pública de 2018.
La revisión detalló que al cierre de ese año se realizaron diversas festividades que fueron objetos de observación. Entre los eventos se destacaron una posada navideña en la que se destinaron 535 mil 640 pesos, el informe del presidente municipal por 158 mil 920 y eventos cívicos 188 mil 645 pesos, además de otros eventos, dando un total de gastos por festividades de un millón 214 mil 239 pesos.
Esa cantidad o se justificó debidamente y como evidencia de los gastos solo se entregaron fotografías de los eventos.
Entre otras irregularidades, la Auditoría detectó que entre los ingresos y los gastos realizados hay una diferencia de un millón 320 mil 391 pesos que desaparecieron sin justificación alguna; se determinó que esos recursos no fueron solventados durante el cambio de administración.
Pero las cuentas no pararon en ese año. Para 2019 se realizaron obras públicas en las que también se detectaron irregularidades en los importes, entre las que destacan la construcción de comedor comunitario con valor de 2 millones 112 mil 983 pesos.
La investigación reveló que el Municipio no contaba con saldo disponible dentro de su presupuesto autorizado y aprobado. Además, los croquis y el soporte fotográfico no cuentan con la firma del contratista.
Ese mismo año se realizaron compras simuladas con un valor total de 197 mil 105 pesos por la compra de material deportivo que no se justifican con el pedido. No apareció un contrato, pedido, orden de compra ni bitácora de entrega. La misma situación ocurrió con 641 mil 752 que fueron destinados para el presunto mantenimiento de vehículos oficiales.
De acuerdo con la octava fracción del artículo 208 del Código Penal del Estado, los responsables pudieran ser acreedores de una sanción de 2 a 12 años de prisión y una multa de 200 a 300 cuotas, es decir; de 28 mil 340 a 42 mil 510 pesos.
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