La PGR intentó tomar la declaración ministerial del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Florencia, Italia, pero se reservó su derecho a realizar alguna manifestación.
Con base en la asistencia jurídica, el personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pactó una diligencia con más autoridades italianas para tomar la declaración de Yarrington sobre una nueva carpeta de investigación que se instruye en su contra.
Hace unos días, un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra del ex mandatario estatal por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero de 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares que supuestamente se utilizaron para la compra de tres inmuebles en México y Estados Unidos.
El año pasado México solicitó a Italia la detención provisional con fines de extradición de Tomás Yarrington; la petición fue realizada el 11 de abril.
Al mismo tiempo, México y Estados Unidos informaron que trabajaban de manera conjunta en las "estrategias jurídicas" para que el ex gobernador enfrente la justicia de ambos países.
En México, existe otra orden de aprehensión contra el ex gobernador por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, y de ser encontrado culpable podría enfrentar una pena de 20 años de prisión.
Mientras que en Estados Unidos el tamaulipeco está acusado de los delitos de importación y distribución de drogas y de nexos con el cártel del Golfo y Los Zetas, además de lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero, ilícitos por los que podría enfrentar dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión.
Tras casi cinco años de permanecer prófugo y de ser buscado en 190 países, Yarrington fue detenido en Florencia el año pasado.