La justicia mexicana aplazó para el próximo martes la primera audiencia del jefe del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño, por el incendio que mató a 40 migrantes en un centro de detención del Gobierno, según informó este viernes el funcionario.
“Informales que se acaba de diferir la audiencia para el martes y eso me impide alguna declaración adicional porque estoy en un proceso judicial”, declaró Garduño a medios al salir de los juzgados en la fronteriza Ciudad Juárez, donde ocurrió la tragedia el 27 de marzo.
El funcionario estaba citado para este viernes por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la investigación penal en su contra por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
La FGR lo acusa de “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
Aunque la audiencia estaba fijada para las 9.15 hora local (16.15 GMT), se reprogramó después de que sus abogados argumentaron que que la carpeta de investigación se les había entregado apenas unos minutos antes de que iniciara la diligencia.
A su arribo al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, el funcionario afirmó que acudía a la audiencia para aportar todos los elementos que permitan llegar a la verdad en el suceso que dejó a 40 migrantes muertos.
“Estoy aquí presente en cumplimiento de mi deber como ciudadano y como servidor público con toda la decisión y voluntad para aportar a la autoridad, el Ministerio Público federal o el juez que conoce la causa, todos, todos, absolutamente todos los elementos que permitan llegar a la verdad en pro de las víctimas”, dijo.
Además, aseguró que tras el incendio llegó a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, para “atender a las víctimas, asistir a los hospitales, concurrir y apoyar a los servicios médicos que se requerían”.
Ante el escrutinio internacional
Garduño no habló de si dejará el puesto como responsable de la migración, pese a que el Gobierno mexicano ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos por no destituirle del cargo y de los países con víctimas, en particular de El Salvador, que ha denunciado un "crimen de Estado".
Por el momento, tres funcionarios de la estación del INM donde ocurrió el incendio están en prisión de forma provisional: el jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca; el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza, y la agente migratoria Cecilia Rivera.
También está detenido el delegado del INM en Chihuahua, Salvador González, quien enfrenta cargos por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio doloso.
Asimismo, están detenidos dos guardias de una empresa de seguridad privada que operaba en la estación migratoria y el migrante que presuntamente inició el mortal incendio.
La tragedia ha alimentado el escrutinio sobre la política migratoria del Gobierno de México, donde, según organizaciones civiles, 2022 fue el año más trágico para los migrantes, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
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