La propuesta del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de clasificar a los cárteles mexicanos de droga como organizaciones terroristas extrajeras no reforzaría los instrumentos que ese país ya tiene para combatir el terrorismo, consideró el especialista en seguridad nacional estadunidense Eric Halladay.
Las implicaciones de la designación afectarían más a los migrantes mexicanos que buscan asilo en ese país y a las personas que ya están siendo procesadas, debido a que se les podría vincular más fácilmente a la labor de tráfico de estupefacientes e incrementarles las restricciones para ingresar al territorio estadunidense y, otros, las sanciones penales.
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Consecuencias de considerar a los cárteles como organizaciones terroristas
En un artículo publicado en el sitio Lawfare, Eric Halladay analizó las consecuencias que podría traer la declaratoria de organizaciones terroristas de los grupos mexicanos de narcotráfico y destacó que los más afectados serían los migrantes en tránsito o ya procesados en Estados Unidos.
Las consecuencias responden al contexto en el que se desenvuelven los migrantes mexicanos, ya que las actividades criminales en la frontera, el tráfico de personas, la extorsión y hasta el transporte, suele estar vinculado de algún modo a alguna organización criminal.
Sin embargo, que las personas migrantes tengan que pagar por un secuestro, transportar droga en contra de su voluntad o realizar trabajos bajo amenazas las convertiría en cómplices de lo que serían ahora, organizaciones terroristas.
Los más afectados por declarar a cárteles organizaciones terroristas son los migrantes
En el artículo de Eric Halladay advirtió que, en materia de control de la migración, la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas impactaría en la evaluación para dar asilo o refugio a las personas migrantes.
“Si alguien apoya materialmente a una organización terrorista extranjera, podría enfrentarse a una prohibición automática de entrada, sin importar cuán convincente sea su caso. Por ejemplo, alguien puede ‘apoyar materialmente’ a una organización terrorista al ser obligado a cocinar y limpiar para el grupo”, afirmó el especialista.
Además, detalló que, dado que muchos migrantes pagan a los grupos de contrabandistas por su pasaje, estos pagos podrían interpretarse como apoyo material si los grupos estuvieran controlados por cárteles o fueran cárteles ellos mismos.
En tal caso, para impedir la entrada de una persona a Estados Unidos, el gobierno sólo debe probar que la persona debería haber sabido razonablemente que su pago por contrabando brindaría apoyo a un grupo terrorista.
“Es difícil, si no imposible, que un grupo delictivo que dirige una red de contrabando opere en territorio controlado por un cártel sin obtener la aprobación de esa organización”.
Los migrantes pasan de víctimas a cómplices del crimen organizado
Si un migrante fuera secuestrado por un grupo designado como organización terrorista y le ofrecieran cualquier forma de rescate, ya sea un pago en efectivo o servicios a cambio de su libertad, ese pago lo haría cómplice del grupo criminal, y la persona sería inelegible para ingresar a Estados Unidos.
“Cuando los migrantes exponen su caso ante las autoridades de inmigración, una pregunta crucial para determinar la probabilidad de que se les permita ingresar a los Estados Unidos es si pueden o no alegar que actuaron bajo coacción por cualquier otra conducta que los descalifique”.
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Sin embargo, demostrar la coacción es un obstáculo difícil de superar; las exenciones se consideran caso por caso, y las autoridades de inmigración consideran una serie de factores al tomar esa determinación.
Esos factores incluyen si el solicitante de asilo podría haber evitado proporcionar apoyo material y la gravedad del daño amenazado o infligido contra el solicitante.
Esto significa que las víctimas de agresión, secuestro o extorsión están obligadas a demostrar si tenían la opción hacer caso omiso a una amenaza de muerte, además de demostrar la gravedad de la coerción, lo cual estaría lejos de estar garantizado, explica el experto.
Consecuencias para presos en EU si se considera a cárteles organizaciones terroristas
A las personas que llevan un proceso penal en Estados Unidos, el especialista expuso que, de lograrse la categorización, haría falta que se compruebe que sabían que el delito cometido beneficiaría a alguna organización criminal, para duplicar su condena y llegar de los 10 a los 80 años de prisión.
“Puede ser condenado por narcoterrorismo si el fiscal prueba que el acusado sabía que la acción proporcionaría directa o indirectamente ‘valor pecuniario’ a cualquier persona o grupo que participe en terrorismo o actividad terrorista”.
Además, los fiscales podrían presentar cargos contra el acusado por brindar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera. Para ello, explicó Halladay, el fiscal debe demostrar que el acusado proporcionó, intentó o conspiró a sabiendas para proporcionar apoyo a una organización terrorista extranjera
De demostrarse, las condenas irían desde 20 años de prisión hasta la cadena perpetua si el apoyo a los cárteles resultó la muerte de alguna persona.
Cargos a ciudadanos extranjeros por apoyar a una organización terrorista
Otra de las consecuencias previstas por el especialista es que la aplicación de la justicia estadunidense podría llegar al extranjero, ya que la clasificación le permite a jueces federales presentar cargos contra ciudadanos de otros países.
Aunque se presume que los estatutos federales se aplican sólo a nivel nacional, lo que significa que los fiscales federales deben esperar a que la actividad delictiva forme un nexo suficiente con los Estados Unidos antes de presentar cargos; sin embargo, la declaratoria permitiría a los fiscales.
“Presentar casos contra ciudadanos extranjeros que actúen enteramente en países extranjeros con poca conexión con los Estados Unidos”.
Las disposiciones penales “alcanzarían a los acusados que no están directamente involucrados en el tráfico de drogas, pero que, sin embargo, ayudan a los cárteles y sus afiliados brindándoles servicios logísticos o financieros”, expuso.
El analista concluyó que la designación más que darle nuevas armas a Estados Unidos para combatir a organizaciones de narcotráfico en México, no habría ningún cambio drástico en las sanciones impuestas a los cárteles, y sólo afectaría a los ya imputados con una carga más pesada de acusaciones y limitaría más a los migrantes que buscan asilo o refugio por considerar que, en su paso por México, pudieron proporcionar fondos a una organización terrorista
SOM