La pastora y directora del albergue "Aposento Alto", Velia H.G., fue sentenciada a 10 años y tres días de cárcel y al pago de 59,400 pesos como reparación del daño tras ser encontrada culpable del delito de trata en la modalidad de trabajos forzados en perjuicio de tres personas migrantes que se encontraban en el albergue que dirigía en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La sentencia fue impuesta por el juez Jorge Gutiérrez Ortiz, quien decidió aplicar las penas mínimas previstas por la ley para este delito, en lugar de las máximas solicitadas por el Ministerio Público y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE). Estas últimas entidades habían pedido 90 años de prisión y el pago de una multa y de indemnización por daño moral.
El Ministerio Público acusó a la pastora de haber obligado a seis migrantes – tres connacionales del estado de Michoacán, dos de Honduras y uno de El Salvador – a realizar trabajos de construcción y albañilería contra su voluntad, bajo la amenaza de expulsarlos del albergue y sacarlos de una supuesta lista para solicitar asilo político en Estados Unidos si no obedecían.
Juez encuentra culpable a religiosa por delito contra migrantes en Chihuahua
Al emitir el fallo el pasado 3 de junio, el juez encontró a la religiosa culpable en relación a tres víctimas e inocente respecto a las otras tres, debido a que estas últimas no declararon en el juicio oral.
Ayer, el juez impuso la pena a la pastora, quien está por cumplir dos años en prisión, tiempo que se le abonará a la condena de 10 años, según indicó el juez. Además, la condenó a pagar las terapias psicológicas que requieren las víctimas, cantidad que asciende a 59,400 pesos en total.
El juez se negó a ordenar que la pastora pague una indemnización por daño moral y tampoco accedió a que se pague lo equivalente al trabajo realizado por los migrantes. Respecto a la pena básica, el juez afirmó que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para aumentar el castigo.
Familiares de pastora aseguran que fallo fue injusto en Chihuahua
Familiares de la pastora consideraron injusto el fallo, señalando que ella trabajó durante unos 15 años a favor de la comunidad de Juárez, principalmente con infantes, ofreciendo alimento en un comedor comunitario. Afirmaron que los migrantes inventaron los cargos para tener un caso y poder solicitar asilo político en Estados Unidos.
Ayer, antes de que el juez impusiera la sentencia, la pastora habló. Dijo que ella también fue migrante, llegando a Ciudad Juárez en mayo de 1999 junto con su esposo e hijos. Señaló que realizó un trabajo a favor de la comunidad y que en 2019 decidió abrir las puertas de su casa a familias migrantes que no tenían un hogar. Afirmó que los migrantes no tenían razones para decir que ella los había amenazado para que trabajaran.
EC