Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero y, si no fuera por este dato, sería una ciudad irrelevante para la delincuencia organizada, pues representa sólo el 3.5 por ciento del territorio de la entidad y sólo ocho de cada mil guerrerenses lo habitan.
El 55 por ciento de los habitantes de Chilpancingo vive en pobreza. Sus caminos no atraen rutas de migrantes u oleadas de turismo extranjero o nacional... entonces ¿por qué es tan codiciado por los cárteles del crimen organizado?
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Esta pregunta, convertida en lamento, ha sido repetida desde el domingo 6 de octubre, cuando en el toldo de una camioneta fue abandonada la cabeza cercenada del presidente municipal Alejandro Arcos, quien llevaba sólo seis días en el cargo.
Apenas 72 horas antes, el secretario General del Ayuntamiento, Francisco Tapia, fue asesinado a balazos. Seis días atrás, quien sería el próximo titular de Seguridad en la demarcación, capitán Ulises Hernández, fue también asesinado a balazos. Tres crímenes con la firma del crimen organizado.
¿Por qué Chilpancingo es una entidad tan deseada por los cárteles?
La respuesta sería —entre muchos otros motivos— principalmente al Ramo 33. La bendición y la maldición de las presidencias municipales. Se trata de un fondo creado en 1998 para promover que los municipios tuvieran una mayor autonomía financiera.
Una bolsa de dinero que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entrega cada año a alcaldes y sus ayuntamientos para que decidan qué comprar, qué construir y qué financiar en beneficio de sus habitantes.
“El gobierno federal entrega ese dinero a través de una fórmula matemática a los municipios. Y los municipios usan, en teoría, ese dinero como creen que es mejor. Con eso hacen obras de todo tipo: desde espacios deportivos hasta drenaje y parques”, explicó a TELEDIARIO el economista Gerardo Esquivel.
Lo que no fue previsto en el siglo pasado es que el crimen organizado desearía apropiarse de esos fondos, poniendo alcaldes a modo que les entregarían esa bolsa de dinero o asesinando a quienes se niegan a hacerlo.
“El problema es que hay una gran discrecionalidad para ejercer esos recursos, aunque estén sujetos a auditorías. Los municipios pueden decir ‘yo hice esta cancha de futbol y me costó 10 millones de pesos’, pero en realidad sólo costó un millón y lo justifican. Durante años, el Ramo 33 ha acumulado casos en los que se ha vuelto una fuente de corrupción y sobreprecios”, explicó Esquivel.
Sólo este año, Chilpancingo recibirá 357 millones de pesos por el Ramo 33, cuyo destino lo decidiría el presidente municipal en turno y su equipo, es decir, Alejandro Arcos y sus colaboradores. Casi un millón de pesos al día.
“Si el presidente municipal de Chilpancingo, pero digamos de cualquier municipio —Iguala, Acapulco, Arcelia, Copala— se compromete a entregar el Ramo 33 al crimen organizado, va a sobrevivir a su gestión. Pero si no quiere o no puede, esa mujer u hombre está muerto. Y así pasa en Guerrero, pero pasa en todo el país”, cuenta una fuente militar en el estado que pidió el anonimato.
El ejemplo más contundente, dice el teniente activo, está en el mercado municipal Baltazar R. Leyva Mancilla, donde todos los vendedores pagan “derecho de piso”.
Es la Central de Abasto más concurrida por los chilpancingueños y caja chica de la delincuencia organizada. Cada nueva administración anuncia alguna obra o remodelación que se paga con recursos federales.
Así lo propuso Alejandro Arcos mientras hacía campaña para ser presidente municipal en mayo. Igual lo planteó hace tres años su antecesora, la ex alcaldesa Norma Otilia, quien fue expulsada de Morena luego de que se dio a conocer una grabación en la que compartía mesa con Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva que opera en Chilpancingo.
“Siempre es lo mismo: el crimen cita a los alcaldes al inicio de su mandato y les presenta un plan para el Ramo 33: qué tienen hacer, cómo, cuándo, dónde, pero lo más importante es cuánto, porque del costo depende cuánto se van a quedar en los bolsillos por el sobreprecio. Lo del mercado es casi una tradición. Y a esas citas no se pueden faltar. Hay que ir porque hay que ir”.
Este 8 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que durante la tarde del pasado domingo Alejandro Arcos acudió a solas a una cita con desconocidos en la comunidad de Petaquillas, bastión de Los Ardillos. Un encuentro con las características similares a las descritas por el militar activo en Guerrero.
Horas más tarde, el cadáver del alcalde fue abandonado en la colonia Villa del Roble.
¿Cuáles grupos delictivos se pelean el control de Chilpancingo?
Los Ardillos no es el único cártel con presencia en Chilpancingo. Desde hace dos años, reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional registran, al menos, otros seis grupos delictivos en la capital de Guerrero.
En total, siete que se alimentan de la extorsión y que elevan las cifras de homicidio y desaparición forzada en la batalla por los presupuestos públicos que manejan los alcaldes.
La lista incluye:
- Cártel del Sur
- Los Rojos
- Los Jefes
- Cártel de la Sierra
- La Nueva Familia Michoacana
- Los Ardillos
- Los Tlacos.
Éste último -Los Tlacos- es identificado como el brazo armado de la falsa policía comunitaria del municipio Heliodoro Castillo, ubicado a 34 kilómetros del centro de Chilpancingo, y uno de los más sofisticados a la hora de robar fondos federales.
Por ejemplo, entre la clase política y empresarial local es un secreto a voces que la obra para crear el relleno sanitario que atiende la zona centro del estado —que incluye a los municipios Chilpancingo, Tixtla y Zumpango— se financió parcialmente con el Ramo 33 y con un sobreprecio que benefició al crimen organizado.
“¿Cuánto ganaron Los Tlacos con ese negocio? Imposible de saber, pero fueron millones. Y no sólo ganaron con la construcción, sino que los grupos criminales también se vuelven los administradores del lugar… como pasa con el mercado”, explicó la fuente.
Debido a que los fondos del Ramo 33 suelen usarse en áreas rurales o marginadas, con el pretexto de ayudar a los más necesitados del municipio, las obras frecuentemente se ubican en lugares donde las autoridades tienen poca presencia. El relleno sanitario, ubicado en el nuevo libramiento a Tixtla, opera bajo la sospecha de que sus 12 hectáreas también son una gran fosa clandestina.
Estas condiciones complican las visitas de los auditores que deben revisar que la obra cumpla con lo prometido, según el presupuesto aprobado por la presidencia municipal y el ayuntamiento.
En la mayoría de las ocasiones, quienes deben supervisar que el dinero público fue bien gastado no tienen paso libre hasta la obra o son amenazados, si revelan que hay irregularidades.
Además, la lucha por el Ramo 33 fortalece al crimen organizado, que para embolsarse ese dinero federal diversifica sus inversiones y crea empresas “legales” para volverse contratistas del municipio, previo acuerdo a punta de pistola con el alcalde en turno y regidores.
En febrero de este año, TELEDIARIO conversó con el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, quien aseguró que la exalcaldesa Norma Otilia había pactado desde la campaña electoral entregar el control del rastro municipal a Los Ardillos. Eso incluía tomar dinero del Ramo 33 para remodelar las instalaciones a un sobreprecio de 95 millones de pesos.
El acuerdo incluiría que el material de construcción para la ampliación y certificación del matadero se le compraría exclusivamente a empresas que son propiedad de Los Ardillos y que mantienen una apariencia de negocios lícitos gracias a una red de prestanombres. Así, el crimen organizado gana por partida doble: con la obra y los materiales de la obra.
“Esto es una maquinita que no deja de dar dinero. Tú ves ferreterías, tlapalerías, vidrierías y la gente ahí compra a diario sin imaginarse que es parte de un entramado criminal. Y cuidadito y ahí no se compra la varilla, la arena, el cristal que va a usar el municipio, porque el presidente municipal se juega la vida”.
Pasa en todos los ámbitos de la vida municipal: en la construcción de pozos, la remodelación de una escuela, la edificación de un centro de salud, el remozamiento de un parque para niños y hasta las mejoras de comandancias de policía. Por el 'Ramo 33' se mata y se muere en Chilpancingo.
KT