La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades de los sistemas penitenciarios federal, estatales y militar, así como a los centros de internamiento para adolescentes en el país, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, para evitar acciones o conductas que les pongan en peligro.
A través de los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, la CNDH constato que en 45 centros estatales persisten deficiencias en la atención a la población LGBTTTIQ+, entre estas, que cuando las personas se asumen o expresan su orientación sexual o identidad de género, toman medidas oficiales de protección que incluso se vuelven restrictivas, de castigo o de aislamiento, no se les brinda atención médica diferencial de acuerdo con sus necesidades específicas y en algunos casos se les obstaculiza o restringe el acceso a tratamientos hormonales.
Mientras que en algunos centros se observan deficiencias para el acceso efectivo en igualdad de condiciones de la visita íntima con sus parejas. Además, derivado de la falta o deficiencia de la capacitación del personal técnico y de seguridad, las personas prefieren no asumir su preferencia sexual por temor a ser discriminadas, segregadas o agredidas física, psicológica o sexualmente.
La recomendación 86/2022 acreditó violaciones a los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad en relación a la vida privada, así como a la identidad de género, personalidad jurídica y libertad de expresión en agravio de dos personas víctimas transgénero privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y en el de Ocampo, Guanajuato, respectivamente.
Del mismo modo, la CNDH precisó que la recomendación 24/2022, dirigida al estado de Nayarit, evidenció violaciones a los derechos a la igualdad, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud, en agravio de una persona privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social de esa entidad, a quien autoridades del Registro Civil local le negaron la autorización para contraer matrimonio con su pareja del mismo sexo por vivir con VIH.
“Lo anterior deja de manifiesto que, pese a la visibilización del mes del orgullo LGBTTTIQ+ en nuestro país, subsisten resistencias para garantizar plenamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de las personas adolescentes en internamiento pertenecientes a esta comunidad, quienes históricamente continúan relegadas ante la falta de medidas afirmativas que les permita expresar su preferencia sexual, identidad o expresión de género sin que vivan una múltiple discriminación”, mencionó.
Por ello, exhortó a las autoridades de los sistemas penitenciarios, gobiernos estatales y corresponsables en la materia, reconocer la diversidad sexual como una realidad existente entre la población penitenciaria y las juventudes en internamiento, generando acciones que permitan la profesionalización, capacitación y sensibilización del personal de los centros, incluidos a los de seguridad, así como actualizar protocolos de actuación y generar políticas públicas encaminadas a proteger de manera integral a dichas personas ante cualquier acto de violencia.
cog