Los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio y César Omar González Hernández, quien son cercanos al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, denunciaron en la Fiscalía General de la República (FGR) al titular de dicha institución, Alejandro Gertz Manero, y a otros servidores públicos, por presuntamente estar asociados delictivamente con el litigante Juan Collado Mocelo.
La denuncia fue presentada este jueves ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FECC), que encabeza María de la Luz Mijangos.
La copia de la denuncia recibida por la FGR fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a los presidentes de las cámaras de Senadores, Diputados, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Olga Sánchez Cordero, Sergio Gutiérrez Luna y Rosario Piedra Ibarra, respectivamente.
“Los hechos que serán descritos en la presente denuncia dan cuenta de una trama sumamente complicada y sin precedentes en la historia moderna de la justicia mexicana.
“Nos encontramos ante la colusión de los funcionarios públicos en materia de procuración de justicia del más alto nivel en el país. Nos referimos a la figura del fiscal General de la República, al titular de la unidad especializada de investigación delictiva de una de las áreas más sensibles de la Fiscalía a su cargo (designado unilateralmente por dicho Fiscal General), así como de diversos servidores públicos subordinados a sus cargos, todos en asociación delictiva en particulares”, indica el documento ingresado a las nueve y media de la mañana.
Los denunciantes manifestaron su temor porque la legislación actual no ofrece alguna garantía de investigación seria, efectiva, independiente e imparcial en este caso.
Lo anterior, porque los hechos en que Gertz Manero sea señalado como autor o partícipe de un delito, corresponderá investigarlos al fiscal Especializado de Control Competencial, Juan Ramos López, quien es uno de los mencionados en la denuncia.
“En caso de involucrarse este último en la secuencia delictiva, la Ley no ofrece solución viable al respecto”, puntualizaron.
Por esta razón, solicitaron a la titular de la FECC que asuma la investigación contra el titular de la FGR y Juan Ramos, además de los agentes del Ministerio Público Federal, Manuel Granados Quiroz, María Eugenia Castañón Osorio, Araceli Velasco Santiago y Celiflora Ruiz Luis.
Asimismo, contra el abogado Juan Collado Mocelo y sus hijos Juan y María del Mar Collado Dot; y los hermanos Antonio y María Julia Collado Mocelo.
En la denuncia de 34 páginas se detallan los antecedentes que llevaron a la detención de Juan Collado, quien enfrenta diversos procesos, entre ellos uno por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y quien se asoció supuestamente con la FGR para imputar a Juan Antonio Araujo y a César Omar, por los presuntos delitos de extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa.
De igual manera, se mencional el conflicto que mantienen el ex consejero Jurídico Julio Scherer con Gertz Manero.
“Nunca en nuestra trayectoria profesional habíamos presenciado la instrumentalización de la FGR para fines estrictamente personales; en lo que va del sexenio los únicos casos por los que sobresale dicha institución son de índole personal para el titular de ésta. La figura del Fiscal enemigo pasará a la historia de la procuración de justicia”, apuntaron.
Los casos a que hacen referencia, son a la probable persecución contra académicos y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); contra Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín; la familia Jenkins; el periodista Mario Maldonado y el empresario Ernesto Álvarez Morphy Alarcón.
Es de mencionar que, el pasado 19 de mayo, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Sur, tumbó el caso con el cual la FGR trató vincular a Julio Scherer, a los denunciantes y al abogado Isaac Pérez Rodríguez, y al asesor financiero David Gómez Arnau, en una organización delictiva que presuntamente trató de extorsionar Juan Collado para que vendiera su empresa Caja Libertad a Banco Afirme.
El juez ordenó dar vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue a los fiscales por presuntas violaciones a los derechos humanos, debido a la forma en que se condujo la FGR en este caso.
Rja