Tras una extensa jornada de debate que se prolongó por casi 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular durante la madrugada el proyecto de reforma constitucional para devolver el estatus de “empresas públicas” a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La modificación, que contempla ajustes a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, fue avalada con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención, y ahora será enviada al Senado para su revisión y eventual ratificación.
¿En qué consiste la reforma constitucional a Pemex y CFE?
El proyecto establece que la CFE tendrá prioridad sobre empresas privadas en el sector eléctrico, reafirmando la rectoría del Estado en áreas estratégicas de la economía energética. Durante la discusión, sólo se admitió una de las 261 reservas presentadas: una propuesta de los diputados de Morena, Ricardo Monreal y Ana Elizabeth Ayala, para liberar al Estado de la responsabilidad directa en la transición hacia energías limpias. Con esto, se suprimió un párrafo que obligaba al gobierno a establecer políticas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en la transición energética.
“El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”, se lee el párrafo que se eliminará.
Asimismo, en el artículo 28 se suprimió el renglón “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor” de los objetivos de planeación y el control del sistema eléctrico nacional, además de precisarse que los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, sean áreas prioritarias para el desarrollo nacional, por lo que el Estado otorgará concesiones o permisos.
Entre las reservas rechazadas se destaca una del diputado Rubén Moreira, del PRI, que proponía reconocer el acceso a la electricidad como un derecho humano y garantizar el suministro a los sectores más vulnerables. No obstante, la mayoría oficialista desestimó esta y otras propuestas, manteniendo el enfoque del proyecto original.
La reforma también elimina el carácter de “empresas productivas del Estado” que se le había asignado a Pemex y la CFE tras la reforma energética de 2014, y reafirma su papel como entidades de carácter público. Además, estipula que la participación de empresas privadas en el sector eléctrico se permitirá bajo la condición de no prevalecer sobre la CFE.
Según Monreal, el proyecto garantiza que la CFE mantenga al menos el 54 por ciento del mercado eléctrico, mientras que el sector privado tendrá permitido un margen de hasta el 46 por ciento.
“Vamos a hacer ley reglamentaria para garantizarle a los inversionistas extranjeros o nacionales la certeza de que no se les va a afectar su inversión en el porcentaje de hasta el 46; así es de que podrán ganar, podrán invertir con seguridad y no habrá quien los moleste en ese 46 por ciento”, aseguró.
Este proyecto, impulsado inicialmente por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, representa un paso significativo hacia el control estatal de la energía en México.
AFV