El delito de narcomenudeo creció a nivel nacional debido a la proliferación en todo el país de drogas sintéticas, coinciden organizaciones civiles que analizan la inseguridad y cuya conclusión es que la actual estrategia de la guerra contra las drogas ha fracasado.
A escala nacional, el delito del narcomenudeo creció 166 por ciento en los últimos siete años, al pasar de 32 mil 398 registros en 2015 a 86 mil 386 en 2022, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reúne los datos reportados por las fiscalías de todas las entidades del país.
“Ese aumento es una muestra clara del fracaso”, afirma Jorge Luis Amaya Lule, coordinador de investigación y análisis criminal de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Explica que el propósito de la estrategia era frenar la proliferación y diversificación del negocio, pero lo que sucedió “fue un aumento de las cifras de narcomenudeo, que refleja el crecimiento del mercado criminal. En resumen, la política no ha funcionado”.
Si bien una parte de los indicadores de la política de seguridad basada en la militarización señalan cierto éxito, como los aseguramientos de drogas y las detenciones, en realidad muchas de las personas detenidas han sido criminalizadas por narcomenudeo en su modalidad de posesión simple, señala Amaya Lule.
“Se estigmatiza a usuarios de sustancias y se fabrican culpables”, insiste. Cuenta que su organización trabaja ante la Corte Penal Internacional precisamente el problema de la fabricación de delitos, que es “una práctica recurrente en los casos en los que hemos identificado tortura”.
No es lo mismo consumir que vender
Para Zara Snapp, directora del Instituto RIA, que realiza incidencia en políticas públicas, es importante la concepción misma del delito de narcomenudeo, que proviene de la reforma a la Ley General de Salud de 2009, en la que se intentó hacer una distinción entre las personas usuarias y las que venden alguna droga.
“La mayoría de personas no compra cinco gramos de marihuana, tope que establece la ley. Las personas usuarias a veces compran cantidades mayores para distribuir entre su grupo de amigos”, explica.
Si se compra más de esa cantidad, ya se considera narcomenudeo. Por ello critica que la autoridad no persiga a quienes forman parte del negocio, sino a las personas consumidoras. Asegura que más del 60 por ciento son casos de posesión simple.
Amaya Lule reitera que estos datos confirman el fracaso de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico, pues no solo ha crecido el mercado criminal, sino también los asesinatos, las desapariciones y la tortura.
Amaya Lule señala que las personas narcomenudistas no son los grandes capos del crimen, sino que más bien suelen habitar en barrios populares y su condición económica es precaria. La estigmatización, enfatiza, viene de una línea narrativa creada con la Guerra contra las Drogas emprendida en Estados Unidos en los años setenta por Richard Nixon.
En ese entonces, se persiguió a poblaciones negras y latinas, rememora Amaya.
Esa estigmatización, adaptada a nuestras circunstancias y a los segmentos socioeconómicos menos favorecidos, se ha replicado en México bajo criterios punitivos, explica el especialista, quien ejemplifica: los comunicados de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar) refieren detenciones y aseguramientos, “lo cual en realidad no es un indicador de éxito” del combate al problema.
Cuenta que la Comisión Mexicana efectuó, de 2006 a la fecha, un análisis de los comunicados de prensa que emitía Sedena en los que se mencionaba asesinatos o detenciones de personas vinculadas a un grupo del crimen organizado.
“Nos dimos cuenta de que al menos uno de cada dos comunicados de prensa de Sedena, presentaban inconsistencias en la información. Eran datos que no eran ciertos o diferentes a la información de la prensa, que hablaba de personas inocentes, que no eran sicarios”, explica.
“A esto me refiero con supuestos indicadores de éxito de la guerra contra las drogas; lo que crece es el mercado criminal y la estigmatización, lo que vemos son consecuencias catastróficas como las desapariciones o asesinatos en el país”, dice el investigador Amaya Lule.
Guanajuato, Coahuila y BC, con más casos
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los 12 estados con más registros de narcomenudeo están distribuidos geográficamente por todas las regiones del territorio nacional, aunque sobresalen Guanajuato, Coahuila y Baja California en cuanto el mayor número de delitos.
Sobre los estados con más casos de narcomenudeo, Amaya Lule recuerda que cuando empezó la guerra contra las drogas, se decía que México era sólo un país de trasiego y ruta.
“En realidad es un país de consumo. El mercado de droga ha cambiado en cuanto a las disputas del mercado y las divisiones entre los grupos, lo que llevó a la creación de nuevas rutas. Ahora ahí, en esas rutas, se comercia y se consume”, indica.
En los estados en los que el narcomenudeo no figuraba, también crecieron los grupos delincuenciales.
“Se disputaron los territorios, como hacen las empresas cuando quieren aumentar su producción. Después de 16 años, el resultado es que el combate contra el crimen diversificó el mercado criminal y de drogas”, concluye.
Por ello en todo el país hay más sustancias ilícitas que hace 10 años. “Ya estaban en circulación, pero existe una opacidad en general sobre la información de drogas de parte de los diferentes gobiernos, no solo en México, sino todo el mundo”, advierte. La problemática se hace más compleja por el acceso que hoy se tiene a la tecnología, la cual facilita el acceso a las drogas a través, por ejemplo, de las redes sociales.
“México es uno de los principales productores de ‘cristal’ en el mundo, una de las principales drogas que contiene sustancias adulterantes. Esto permite ver que la estrategia de guerra contra las drogas no tendría que haber sido de seguridad, sino de salud. La regulación tendría un mayor control en el comercio de sustancias de mayor peligro”, argumenta.
La desatención y la no regulación de las sustancias, considera, llevó al crecimiento de las metanfetaminas y del opiáceo sintético, el fentanilo.
Droga en más rincones del país
La competencia del delito del narcomenudeo es estatal, no federal. En las entidades, señala Zara Snapp, a veces se procesa a personas que cargaban tan sólo ocho gramos de marihuana.
“O bien [agentes] les sembraron drogas. Las personas imputadas por el delito suelen ser de bajos recursos. La sustancia que portan a veces tiene un valor menor a 500 pesos”.
Snapp recuerda que la sanción por narcomenudeo simple es de entre 10 meses y tres años de prisión. Sin embargo, se criminaliza a quienes portan cantidades pequeñas para uso personal de consumo.
“El término narcomenudeo se asocia con la actividad del narcotráfico, pero a estas personas detenidas se les vincula a grupos del crimen organizado cuando no siempre existe ese vínculo”, detalla.
A pesar del boom de drogas sintéticas en el país, se ha expresado preocupación respecto de que el Estado no ha levantado una encuesta de consumo de alcohol, tabaco y drogas desde el 2017.
“Y como no hay datos, el Estado ha decidido enfocarse en una campaña ‘de prevención’, y no proporciona datos sobre la situación. Podría invertir en educación en el consumo de sustancias psicoactivas o en campañas de reducción de riesgo”, sugiere la especialista Snapp.
Explica que debido al papel geoestratégico de México las sustancias se trasladan por el territorio antes de llegar a Estados Unidos.
“Por eso muchas de esas drogas ahora están en comunidades donde antes no había acceso a ellas. Se debe de tener cautela, el Estado no ha hecho intervención en los diferentes rincones del país”.
Eso es riesgoso porque el aumento del narcomenudeo no se refleja en la desarticulación de grupos del crimen organizado.
“La mayoría de casos de detenciones no son personas que están en la distribución de la sustancia. Al llevar a cabo esas detenciones el Estado aplica una ley de manera discriminatoria y discrecional. Tiene ya que demostrar resultados en una guerra fallida que lleva 16 años aplicándose en nuestro país con graves daños a los derechos humanos”, finaliza la directora del Instituto RIA.
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