Como parte del combate al crimen organizado, la Secretaría de la Defensa Nacional metió el acelerador al decomiso de “narco fincas”. Mientras que en todo el sexenio anterior se incautó medio millar de ranchos o predios, en los primeros cuatro años de la actual administración esa cantidad se elevó a casi 2 mil propiedades.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a MILENIO que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido aseguradas mil 968 fincas, predios o ranchos vinculados a distintas organizaciones criminales, inmuebles que ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
En contraste, en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron enajenadas 555 “narco propiedades”. La mayoría de las incautaciones ocurrieron en Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato y Sonora, un énfasis que no se reprodujo en la actual administración.
Golpes en la frontera, el Bajío y el centro
En el gobierno de AMLO, la mayoría de los inmuebles arrebatados al crimen están en Baja California, principalmente en ciudades como Tijuana, Mexicali y Ensenada, donde fueron aseguradas 497 fincas, 26 predios y tres ranchos.
El estado norteño es clave en la estrategia de combate al crimen organizado debido a que colinda con los estados de Arizona y Texas, región fronteriza donde se concentra buena parte del tráfico de drogas y personas, además de constituir una ruta migratoria hacia Los Ángeles, California.
Pero esa entidad no es la única con incidencia, también en la fronteriza Tamaulipas los decomisos de propiedades ascienden a 12 fincas y un predio.
Pero donde el Ejército mexicano ha trabajado a marchas forzadas contra los bienes del crimen organizado es Guanajuato. En esa zona del Bajío han sido incautadas 230 fincas, 11 predios y un rancho.
Esta región del territorio alberga el epicentro de la violencia en el país, debido al avance expansivo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aquí la organización criminal encontró un territorio fértil para las actividades ilícitas a partir de la detención de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, quien fuera el poderoso jefe del Cártel Santa Rosa de Lima, que vio reducida su influencia en los municipios de Santa Rosa de Lima, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Pénjamo, además de ceder también Celaya, que fuera uno de sus puntos más altos de influencia.
Donde la Sedena anotó otros golpes fue en el altiplano del país. En Ciudad de México desmanteló 205 fincas y tres predios, en los cuales por cierto fueron sorprendidos en flagrancia integrantes del crimen organizado. Asimismo, en el Estado de México, los militares aseguraron 79 fincas y 14 predios.
Algunas intervenciones importantes ocurrieron en Sonora, con 205 propiedades aseguradas –misma cifra que en la capital del país–; Sinaloa con 65 y Colima con 61. A los narcotraficantes de Jalisco les han arrebatado 57 fincas y a los de Puebla, 38.
El mapa donde eligen asentarse las bandas delincuenciales evidencia algunas variantes con respecto al sexenio anterior.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto los estados con mayor incidencia fueron Tamaulipas con 99 fincas aseguradas; Sinaloa con 87, Guanajuato con 61, y 52 en Sonora. Algo detrás se reportó el decomiso de 38 “narco propiedades” en Baja California, 28 en Jalisco y 26 en Colima. En Puebla, Chihuahua y Estado de México escasamente se realizaron una decena de aseguramientos.
No sólo predios, también vehículos
El Ejército también envió una tabla comparativa del número de automóviles asegurados en los últimos años. En el periodo comprendido del 1 de diciembre del 2018 al primero de enero del 2023, hubo un total de 29 mil 587 unidades vehiculares aseguradas, mismas que fueron utilizadas por el crimen organizado, pero ya fueron puestas a disposición de la FGR.
Los estados en donde la Sedena suma más incautaciones de vehículos contra las bandas en lo que va del sexenio obradorista son, otra vez, Guanajuato (3 mil 745), Sonora (2 mil 745), Michoacán (2 mil 721), Tamaulipas (2 mil 622), Jalisco (2 mil 139), Puebla (2 mil 38), Baja California (mil 804) y Guerrero (mil 178).
Tales números contrastan con los que figuran en entidades como Yucatán, donde el Ejército apenas suma en todo el sexenio 20 unidades decomisadas, así como Campeche, con solo 73. Esos dos estados de la península yucateca aún no son un terreno asolado por los grupos del crimen organizado.
En contraste, el Ejército en tiempos de Peña Nieto aseguró 55 mil 567 vehículos, más de 16 mil de los que ha incautado la Sedena con López Obrador, con 39 mil 500.
En el periodo peñanietista (2012 - 2018), la entidad donde se requisaron más vehículos ligados al crimen organizado fue Tamaulipas, con 12 mil 510. Casi el doble de lo que se dio en Puebla, con 6 mil 811. En Michoacán fueron 4 mil 618, y Sinaloa, Guanajuato, Guerrero y Sonora fluctuaron alrededor de los 3 mil unidades, mientras que en Jalisco y Veracruz fueron poco más de 2 mil 500.
A pesar de tener el parque vehicular más grande de todo el país, en Ciudad de México, durante todo el sexenio de Peña Nieto, el Ejército sólo aseguró ¡un vehículo! Fue un reporte casi ridículo e incluso menor a la que se registró en el pacífico Yucatán, donde se pusieron a disposición de la FGR 15 unidades con vínculos criminales.
El reporte de estas acciones por parte del Ejército permiten observar que el énfasis en aseguramientos se da conforme las bandas y los cárteles del crimen incrementan o disminuyen su presencia en los territorios que consideran propicios para operar.
cog