La Estafa Maestra es unos de los fraudes más escandalosos en la historia de México, el cual va de 11 dependencias federales que presuntamente fueron usadas para desviar millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Rosario Robles estaba involucrada en el caso, pero el día de hoy fue absuelta por un juez federal.
Esto fue producto de una investigación periodística publicada por Animal Político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, lo cual reveló una red estratégica de desvío de recursos públicos.
Las tres dependencias que supuestamente participaron fueron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada por Rosario Robles, Banco Nacional de Obras (Banobras) y Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigido por Emilio Lozoya.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano del Congreso de la Unión, responsable de vigilar el uso del presupuesto de la nación, detectó que el gobierno federal entregó 73 convenios a 186 empresas por 7 mil 670 millones de pesos, de las cuales 128 no tenían infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas.
Rosario Robles también encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que, según las revisiones de la ASF, formó parte del esquema de las contrataciones mediante el cual se realizaron desvíos millonarios.
En el reporte de la Cuenta Pública del 2018, la ASF concluyó que el resto de las dependencias señaladas como participantes en la Estafa Maestra, solo sirvieron como intermediarios en la operación porque la mayoría de las contrataciones se llevaron a cabo por la Sedesol y la Sedatu, dependencias lideradas por Robles.
En el informe, reportaron irregularidades en la gestión de Rosario Robles por alrededor de 2 mil 377 millones de pesos, los cuales se sumaron a las detectadas en el ejercicio fiscal del 2017 por 340 mil 983 millones de pesos.
Los recursos habrían sido desviados a través de la triangulación de recursos que involucró al menos a ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.
jvl