Agentes del Ministerio Público de Tula de Allende, Hidalgo, adscritos a la Unidad Especial encargada del maxiproceso de la estafa siniestra consiguieron vincular a proceso al alcalde de la entidad, Manuel H. B., por uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en afectación de la administración pública del ayuntamiento.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) realizó la indagatoria en contra del alcalde del municipio a partir de una denuncia, por haber autorizado en 2021, a nombre del ayuntamiento de Tula de Allende, la adjudicación directa ilícita de, por lo menos, tres contratos que en suma representan un gasto superior a 60 millones de pesos.
¿De qué eran los contratos por los que detuvieron al alcalde de Tula de Allende?
Estos contratos se firmaron con el objetivo de adquirir servicios, equipo médico, paquetes alimentarios, servicios de mantenimiento y limpieza, así como de fumigación domiciliaria para evitar la proliferación de la larva mosco culex, además de para el control mecánico del lirio acuático. Lo anterior, para atender los efectos de la inundación que sufrió el municipio.
Basado en lo anterior, el Ministerio Público se apoyó en los datos de prueba contra Manuel 'N' y solicitó una orden de aprehensión, la cual, fue otorgada por la autoridad judicial y posteriormente ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal el lunes 14 de agosto.
¿Qué sucedió luego de que detuvieron al alcalde de Tula de Allende?
Tras su aprehensión, el alcalde fue puesto a disposición de un juez de control, quien, durante la audiencia inicial, imputó al acusado por el uso ilícito de facultades y atribuciones, en calidad de agravado; sin embargo, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, esto para que se resolviera su situación legal.
Se realizó una continuación de audiencia, que comenzó a las 10:00 horas, en ella, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso para el alcalde de Tula de Allende, Manuel 'N', además impuso como medida cautelarla prisión preventiva justificada y estableció un periodo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
RGM