La Fiscalía General de la República (FGR) se ha abstenido de ejercer acción penal contra individuos que podrían tener información para otros casos relevantes o porque convenían a sus intereses. De este modo ha otorgado más de 800 “criterios de oportunidad”.
El beneficio de esta figura se hizo de conocimiento público gracias a casos como el del polémico ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. En 2022, se reveló que el exfuncionario, acusado de ser parte de un esquema de sobornos, habría negociado con la Fiscalía un intercambio de dinero e información.
El criterio de oportunidad es un beneficio mediante el cual el Ministerio Público se abstiene de llevar un proceso judicial contra un imputado, siempre y cuando este pueda aportar información esencial para la persecución de un delito más grave o se garantice la reparación de un daño, entre otros criterios.
TELEDIARIO quiso conocer, a través de una solicitud de acceso a la información, cómo la Fiscalía —desde el año 2019 a la fecha— ha considerado oportuno aplicar este criterio. Se conoció que benefició a cientos de personas que cometieron delitos como peculado y corrupción, pero también, los que están relacionados con delincuencia organizada, como operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas, entre otras.
Se pudo conocer que, de los 889 casos que fueron reportados, en 539 hubo una reparación del daño; sin embargo, la misma Fiscalía se negó a entregar información sobre el monto económico que obtuvo derivado de los acuerdos con los delincuentes con los que pactó el criterio de oportunidad. La dependencia aseguró que no tenía esa información.
¿Por qué delitos la FGR llegó a acuerdos con presuntos críminales?
Aunque la información es escasa, desde el año 2019 y gracias a declaraciones de abogados particulares que se hicieron públicas, se reveló con quiénes ha intentado pactar la FGR en los últimos años y de qué delitos estaban acusados.
El caso más polémico es el de Emilio Lozoya, quien estaba prófugo de la justicia y fue extraditado a México en el año 2020 por presuntamente haber cometido operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho.
Tanto las autoridades federales como el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejaron entrever que Lozoya se convertiría en testigo colaborador a través de un criterio de oportunidad.
Durante esos días, el presidente dijo que todo lo que pudiera confesar el ex director ayudaría a limpiar la corrupción en México:
“Qué bien que la fiscalía tomó la decisión de otorgarle al señor Lozoya esta posibilidad, de acogerse al procedimiento legal de testigo colaborador, porque necesitamos saber toda la verdad”.
- Economía
En 2022, la defensa de Lozoya confirmó que estaban intentado concretar con las autoridades el criterio de oportunidad y la reparación del daño por 10 millones de dólares en el caso Odebrecht; su intención era que se suspendiera el proceso contra el ex director de Pemex, pero hasta la fecha ninguna de las partes ha sido clara sobre los términos de la negociación, de hecho, la FGR ni siquiera confirma que se haya llevado a cabo.
Pero ese caso abrió la puerta para que otros litigantes solicitaran acuerdos con la Fiscalía, un recurso de última oportunidad para que el ministerio público desistiera de iniciar procedimientos penales en contra de diversos personajes.
Durante el año 2019, cuando el caso Lozoya popularizó este beneficio, la FGR suscribió 159 criterios de oportunidad. Entre los delitos que cometieron las personas con las que pactó estaban relacionados con faltas a la Ley de Instituciones de Crédito, además de peculado y fraude. En el 2020 lograron 73 criterios de oportunidad.
A partir del año siguiente la Fiscalía otorgó 127 a distintas personas. Para el 2022 subieron a 206, y en 2023 hubo otra vez 254. En lo que va del 2024 la FGR reporta que ya cerró el acuerdo en 70 casos.
Según la información que entregaron, a través de transparencia, los delitos donde más hubo criterios de oportunidad fue.
- Robo: (28 casos)
- Fraude: (15 casos)
- Robo de energía eléctrica: (15 casos)
- Peculado: (13 casos).
Delincuencia organziada, entre los delitos por los que la FGR ha pactado
En el listado que entregó la FGR están incluidos criterios de oportunidad a personas que cometieron delitos relacionados con la delincuencia organizada, como el tráfico de personas, posesión de arma de fuego, robo de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.
Sin embargo, este recurso —en teoría— tendría límites. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que no podrá aplicarse en los casos de delitos contra la salud, violación y delincuencia organizada, contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público.
El Código también apunta —no obstante— que el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.
A través del documento entregado por la Fiscalía General de la República (FGR) se conoce que de los 889 criterios de oportunidad que se dieron, en 539 se logró una reparación del daño.
FGR negoció con presuntos críminales hasta en Ayotzinapa
En 2022, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que la Fiscalía había querido utilizar este recurso para intentar resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa.
En aquel entonces, el ex funcionario explicaba que le habían ofrecido acogerse al criterio de oportunidad a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la anterior Procuraduría General de la República, pero no aceptó.
Quien sí lo hizo fue Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, señalado como partícipe de la desaparición de los 43 estudiantes. López fue liberado en septiembre de 2019.
Otro beneficiado de esta figura legal fue Bernardo Cano Muñozcano, ex secretario particular de Tomás Zerón, quien supuestamente grabó los videos de los interrogatorios donde se ve que cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos fueron sometidos a torturas.
Fue la propia FGR la que afirmó que este funcionario se había acogido al criterio de oportunidad. Así, confesó que el 7 de octubre de 2014 hubo una reunión entre el ex procurador Jesús Murillo Karam y otros importantes mandos policiacos del país donde se planeó la narrativa de la llamada “verdad histórica”.
KT