El subsecretario de seguridad, Luis Rodríguez Bucio, señaló que jueces y magistrados habrían favorecido con sus resoluciones a Tomás Zerón, quien fungió como titular de la Agencia de Investigación Criminal en el gobierno anterior, así como a Genaro García Luna, quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, explicó que, en el primer caso, la jueza María Isabel Bernal Hernández, otorgó una suspensión definitiva a favor de Zerón para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad en el caso Ayotzinapa.
Señaló que la jueza resolvió que se debe respetar la presunción de inocencia de Zerón mientras no se le acredite delito alguno.
"La juzgadora concluyó que si bien es cierto que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad del caso y a que se le informe de los avances de las investigaciones, las autoridades deben abstenerse de brindar información sugestiva hasta en tanto no se acredite la responsabilidad del hoy prófugo de la justicia", señaló.
Juez negó orden de aprehensión contra Genaro García Luna
Sobre el caso de García Luna, explicó que el 10 de mayo de 2023, el juez Gerardo Alarcón López negó la orden de aprehensión contra el ex funcionario por el delito de enriquecimiento ilícito bajo el argumento de que no basta con que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes.
Esta determinación fue confirmada el 28 de septiembre de 2023 por los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito integrado por Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena y Gabriela Guadalupe Ramírez.
Estos mismos magistrados, según el subsecretario, fue el que hace unos días desechó las pruebas bancarias que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya con las que se comprobaría que habría recibido sobornos por más de 10 millones de dólares de una constructora brasileña.
En la presentación también se acusó al primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito de otorgar un amparo al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto.
Durante la administración del presidente López Obrador, el Poder Ejecutivo ha lanzado diferentes acusaciones contra miembros del Poder Judicial, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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