Durante la actual administración federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha asignado una suma superior a los mil seiscientos millones de pesos para proporcionar medidas de atención inmediata a las personas que han sido víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con información obtenida vía Transparencia, entre 2019 y mayo de 2022, la CEAV asistió a 19 mil 408 víctimas, de las cuales el 67 por ciento fueron mujeres, es decir, 13 mil 178.
Entre las medidas de atención se encuentran hospitalizaciones, gastos funerarios, asistencia psicosocial, pago de traslados, alojamiento y alimentación, en los casos que así lo requieran.
Para la atención inmediata de víctimas, la CEAV recibió en el periodo de 2015 a 2018 un presupuesto de 307 millones de pesos y se auxilió a 6 mil 232 víctimas; es decir, 67 por ciento menos que durante esta administración.
En tanto, la CEAV reportó haber brindado sólo una medida de protección a persona en situación de riesgo, esto durante 2021, con un costo de 13 millones 699 mil pesos.
En total, de 2015 a mayo de 2022, las mujeres atendidas por la CEAV representaron el 67 por ciento del total de beneficiarios.
En cuanto al presupuesto para la atención inmediata de víctimas, 2015 fue el año con menor recursos destinados a la Comisión Ejecutiva, pues solo recibió un millón 124 mil pesos, mientras que 2019 ha sido el año en el que más recursos se han destinado, con más de 525 millones.
No hay garantías para destinar presupuesto a víctimas
A diez años de su creación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha estado sujeta a dos regulaciones presupuestarias, pues de 2014 a noviembre de 2020 parte de los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos eran destinados directamente al fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).
En 2020, el Congreso de la Unión reformó el artículo 132 de la Ley General de Víctimas (LGV) y eliminó ese fondo, así como la garantía de destinar a la atención de víctimas un presupuesto mínimo.
Como resultado de esta reforma, actualmente el Congreso no está obligado a dotar un presupuesto mínimo para la atención a víctimas y los recursos son tomados de las partidas presupuestales 44101 y 44102, las cuales se clasifican por concepto de gastos relacionados con “actividades culturales deportivas y ayuda extraordinaria” y por “traslados de personas”.
Entre 2020 y mayo de 2022 estos recursos sumaron en promedio 477 millones de pesos anuales.
“Aunque pareciera que en términos globales el presupuesto de la CEAV ha aumentado, lo cierto es que más bien lo que ha sucedido es que se ha integrado al presupuesto institucional, lo que antes se canalizaba por medio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)”, consideró al respecto el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“El presupuesto asignado a la CEAV no necesariamente es igual al presupuesto que realmente se gastó para el pago de medidas en favor de las víctimas”, señaló.
cog