La Fiscalía General de la República (FGR) deberá informar cuántas denuncias penales se han presentado, y cuántas carpetas de investigación se han abierto, en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por su desempeño como servidor público.
Así lo determinó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al resolver un caso que fue expuesto por el comisionado Adrián Alcalá y en el que, tras una prueba de interés público, se concluyó que en este caso no aplica la confidencialidad de los procedimientos.
“En este asunto se guarda justo un equilibrio entre el perjuicio y el beneficio a favor del interés público, porque es clara la necesidad de satisfacer el escrutinio público y la rendición de cuentas frente a la privacidad del servidor público”, dijo Alcalá.
El comisionado argumentó que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el umbral de protección al honor de un funcionario público debe de permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones, porque se expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad al asumir responsabilidades profesionales, lo que conlleva naturalmente mayores riesgos de sufrir afectaciones en su honor.
El caso llegó al INAI luego de que un ciudadano se inconformó con la respuesta inicial de la FGR a una solicitud que planteó conocer la cantidad de denuncias recibidas en contra de López Gatell, la cantidad de carpetas de investigación que se han abierto a su nombre, los delitos que se investigan en ellas, las nomenclaturas de las carpetas de investigación, la fecha de recepción de las denuncias y de apertura de las carpetas, si el denunciante es un particular o no y la versión pública de los expedientes correspondientes.
En su respuesta inicial, la FGR informó que turnó la solicitud a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, la cual clasificó como confidencial el pronunciamiento relativo a la existencia o inexistencia de denuncias penales en contra del subsecretario, argumentando que esta revelación podría afectar el honor, la privacidad y el buen nombre del Subsecretario.
Sin embargo, tras la presentación del recurso de revisión ante el INAI, el organismo convocó a la FGR a una reunión para analizar el caso, revisar la información y determinar la naturaleza del daño que podía causarse si se transparentaban los datos requeridos.
En la audiencia con el INAI, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción aclaró que no cuenta con registros de denuncias presentadas en contra del subsecretario López-Gatell.
Sin embargo, ante los cuestionamientos del INAI, el cual argumentó que públicamente se habían anunciado la presentación de denuncias en contra del funcionario, por parte, al menos de legisladores de oposición, por sus acciones y omisiones en el manejo de la pandemia generada por la COVID-19, fue la Fiscalía Especializada de Control Regional la que respondió que no podía decir si existían o no denuncias contra el subsecretario.
A partir de ahí, la ponencia del comisionado Alcalá decidió elaborar la prueba de interés público, que sirve para evaluar el impacto de hacer pública información que el sujeto obligado o que la naturaleza así lo establece que es información confidencial.
Privacidad vs transparencia
Al respecto, la ponencia del comisionado Alcalá concluyó que el derecho a la privacidad del servidor público en cuestión, forzosamente tiene que ceder ante el derecho de acceso a la información, “porque el subsecretario tuvo y sigue teniendo una relevante y esencial injerencia en el manejo de la pandemia por el virus SARS CoV2 en México”.
Además, se determinó que, de manera indirecta, el derecho a la confidencialidad de la información también tiene que ceder a lo previsto por el Artículo 4 constitucional, en el sentido de garantizar el derecho a la salud, pues la aplicación de consecuencias jurídicas a las y los servidores públicos encargados de la pandemia, indudablemente repercute en la calidad y el fortalecimiento al derecho a la salud de las y los mexicanos.
Asimismo, se consideró que es innegable que el derecho de acceso a la información es la única vía, no hay otra vía legal, para que cualquier persona, sin que tenga que acreditar interés legítimo alguno, acceda a las denuncias que han sido presentadas ante la Fiscalía en contra del subsecretario en su carácter y calidad se servidor público.
Y finalmente, como lo estableció la Corte, que los servidores públicos al asumir una responsabilidad pública de manera voluntaria, tienen una expectativa de privacidad mucho menor que cualquier persona de derecho privado.
Ante ello, Alcalá propuso revocar la respuesta de la FGR e instruir a la Fiscalía Especializada de Control Regional, que es la que invocó la confidencialidad a que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de las denuncias y demás información solicitada y la entregue a quien la pidió.
“Es importante destacar que la información a cuya entrega se instruye o se propone se instruya, se ciña únicamente al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en su carácter, y subrayo, en su carácter y calidad de servidor público, no así sobre las denuncias y procedimientos que en su caso puedan guardar relación con su vida privada. Solamente, repito, en su calidad de servidor público”, aclaró Alcalá.
Además, precisó que solamente deberá proporcionarse información respecto a aquellas denuncias penales en donde el subsecretario ya haya sido notificado de las mismas.
La propuesta fue respaldada por el pleno del INAI, en sesión en la que destacó la participación del comisionado Francisco Javier Acuña, quien señaló que “el señor López Gatell es polémico desde el primer día de su mandato al frente de esta difícil empresa que se le encargó”.
Acuña recordó frases de López-Gatell como aquellas en las que aseguró que el cubrebocas no era indispensable ni era conveniente ni era necesario y que algunas personas no podían contagiar y otras sí.
“Pensar que no haya quejas o denuncias respecto de un funcionario que ha tenido intervenciones tan desafortunadas respecto de personas que seguramente se han sentido afectadas, alejadas de la posibilidad de ser atendidas, y también de quienes como gremios concretos ─el mismo al que él pertenece o participa, por la licencia y las credenciales que él tiene─, pues difícilmente se puede pensar que no haya denuncias”, dijo.
“Que vayan a prosperar y que puedan llegar, en su momento, a poner en una condición distinta la situación jurídica de él como un Subsecretario muy poderoso y muy llamativo y muy visible, pues eso, desde luego no nos concierne a nadie”, acotó Acuña.
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