El presidente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que como operaban los juicios masivos, lo que denominó una red de corrupción de 18 despachos jurídicos que afectó a 373 mil trabajadores, muchos de ellos terminaron perdiendo sus hogares al no poder pagar los créditos.
Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, Romero Oropeza explicó que los créditos que se volvían impagables por el esquema de salarios mínimos, trajeron como consecuencia que muchos cayeran en cartera vencida, y en lugar de buscar opciones de pago y solución a los cobros excesivos, se iniciaron demandas por el impago de los trabajadores.
“Eso lleva a que en el Infonavit se tome la decisión de demandar a quienes no podían pagar por el cobro excesivo que convertía a los créditos en impagables, entonces la estrategia fue hacer demandas de una manera poco ética e incluso ilegal porque estas denuncias se hicieron de forma masiva”.
Cómo funcionaban los juicios masivos del Infonavit
De acuerdo con el funcionario, en 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos a través de despachos que cometieron diversas irregularidades en las que se iniciaban los procedimientos legales sin notificar a los trabajadores quienes por el aumento año con año del monto en el pago de sus viviendas caían en la morosidad.
Además, en dichos juicios colectivos se incluía a trabajadores que no tenían problemas de pago, uno de los ejemplos expuestos es que una persona con una casa adquirida a través de un crédito del Infonavit en el Estado de México, tenía un juicio penal en Coahuila, lo que vulnera su derecho a defenderse, incluso sin saber que estaba dentro de dicho proceso.
En 2019, el Gobierno Federal solicitó al Infonavit que pusiera fin a los juicios masivos y que se detuviera el desalojo de las familias, un año después el organismo de fomento a la vivienda presentó una denuncia penal en el estado de Nayarit contra los despachos de abogados y funcionarios del Poder Judicial locales, así como notarios por las afectaciones a 62 mil acreditados de todo el país.
Solo en dicho estado, se encontró que, de los 62 mil juicios en activo, casi 18 mil era de viviendas en Chihuahua, 16 mil en Tamaulipas, 6 mil de Nuevo León, 20 mil del resto de los estados del país y únicamente 737 eran locales.
Al mismo tiempo, los juicios de trabajadores por parte del Infonavit, eran presentados en Estados de México, Ciudad de México, Coahuila y Jalisco.
Pero, Romero Oropeza destacó que el Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero, Aguascalientes, Baja California Sur y Zacatecas son las entidades en las que se repite esta práctica.
“Todo esto es una red de corrupción que tenía como objetivo que el derechohabiente no se enterara que estaba siendo demandado y 6 estados concentran el 82 por ciento de las demandas de todo el país que no corresponden a ese estado”.
Además los 18 despachos jurídicos que contrató el Infonavit cobraron 29 mil 263 millones de pesos, más que los recursos que recibe el Infonavit como presupuesto; uno de ellos recibió más de 2 mil millones de pesos.
Trabajadores perdían su vivienda y su derecho a otro crédito
De esta forma, de los 373 mil trabajadores, el 80 por ciento fueron demandados en otros estados, y el resto en su misma entidad pero sin ser notificados personalmente en sus domicilios; se vulneró el debido proceso ya que no tuvieron conocimiento de que fueron enjuiciados, y el proceso se aceleró al no tener defensa.
Finalmente 249 mil personas perdieron la propiedad de su vivienda, de ellos 207 mil no han podido escriturar a favor del Infonavit por las irregularidades, mientras que 42 mil fueron vendidas por el organismo en subastas masivas.
KGA