La libertad de expresión es entendida como un principio de Derechos Humanos que apoya la libertad de un individuo o un grupo para expresar opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior.
Dicho principio es abordado en la Declaración Universal de Derecho Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente en el artículo 19 de este documento.
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, se lee en la Declaración.
En México, este derecho es protegido por la Constitución Mexicana, la cual aborda los conceptos relativos a ello en los artículos 6 y 7.
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”, se lee en el primer párrafo del artículo 6 de la Carta Magna.
“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”, sentencia el último párrafo del artículo 7.
Por ello, la libertad de expresión es un principio protegido tanto por las leyes mexicanas como por el Derecho Internacional.
¿Cómo se viola la libertad de expresión en México?
De acuerdo con el marco legal mexicano, la libertad de expresión se viola al momento de restringir el uso de bienes utilizados la difusión de información, como lo puede ser el control del papel periódico por parte del Estado, el retiro de una concesión radiofónica a una estación o utilizar a las fuerzas de seguridad pública para reprimir una manifestación pacífica en un lugar público.
La Organización de Estados Americanos (OEA) señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, ya que el acceso a la información es un derecho que debe ser garantizado por el Estado.
Además, la organización Amnistía Internacional menciona que la libertad de expresión es inherente a otros derechos humanos, como el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión que, sin ella, no podrían realizarse plenamente.
Asimismo, guarda estrecha relación con la libertad de asociación, es decir, el derecho a constituir clubes, sociedades, sindicatos o partidos políticos con cualquier persona que se desee y afiliarse a ellos; y con la libertad de reunión pacífica, que se concreta en el derecho a participar en manifestaciones pacíficas y reuniones públicas.
La máxima exponente histórica de la violación a la libertad de expresión en México es sin duda la represión del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de la Tres Culturas en Tlatelolco, cuando el Ejército calló por la fuerza y masacró a cientos de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN)y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) así como otros representantes universitarios, quienes se manifestaban para exigir mejores condiciones en sus escuelas.
Pese a ese negro episodio, lamentablemente está lejos de ser el único, pues contrario a un panorama ideal plasmado por la Ley, México es considerado como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, pues todos los años decenas de comunicadores son asesinados por grupos criminales o incluso por actores políticos.
¿Dónde denunciar?
Como ya se mencionó, la violación de la libertad de expresión puede recaer en infinidad de situaciones, por lo que depende de que tipo de falta o delito se trate, será la instancia a donde se pueda acudir a denunciar los hechos.
Sin embargo, de manera universal, se puede mencionar que a nivel nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dependiente del Gobierno de México, es la instancia que vela por salvaguardar la libertad de expresión, y a donde se podría acudir por ayuda.
En otros tantos casos, se puede acudir a la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso de que la violación a la libertad de expresión halla escalado a un delito violento, el Consejo Para Prevenir la Discriminación (Conapred), en otro de los casos, o incluso a nivel internacional con organismos civiles o gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Organización de las Naciones Unidas.
cog