A 12 años del bestial ataque de Los Zetas en la comunidad de Allende, Coahuila, los gobiernos federal y estatal se “echan la bolita” y no asumen la responsabilidad de compensar a los afectados, quienes acusan a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de no cumplir con la promesa de reparar los daños. Las disculpas han sido muchas, pero las indemnizaciones no llegan.
Fue el 27 de junio del 2019 cuando la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llegó al centro de Allende, en Coahuila, una plaza austera y de arbolillos secos, donde desfilaban funcionarios trajeados con cara de congoja.
Estaban ahí, dijeron, para ofrecer disculpas a los sobrevivientes de una de las peores masacres en la historia del país, quienes tenían la esperanza de recibir apoyo psicológico o una compensación económica, luego de que sus casas y ranchos fueron destruidos por capricho de Los Zetas.
La peligrosa organización criminal nacida en 1997 a partir del Cártel del Golfo, en 2011 decidió torturar, asesinar y despojar a cientos de habitantes de ese pequeño municipio enmarcado en una tierra desértica que llega a alcanzar los 50 grados Celsius en verano y los -15 en invierno.
“No se trata de un evento protocolario, sino de una convicción personal e institucional”, dijo en aquella ocasión Sánchez Cordero. A su lado estaba Alejandro Encinas, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, cabizbajo y con cara de congoja. También se encontraba el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien con el ceño fruncido movía la cabeza mientras lanzaba palabras de indignación.
Vinieron las disculpas. No a la repetición, decían. Hubo frases sonoras, como: “el presidente nos instruyó a ver a las víctimas a los ojos” pero a los familiares se les quedó grabado algo más tangible. En su discurso, la titular de Gobernación aseguró que apoyarían con lo que fuera necesario para garantizar el derecho de reparación del daño a las víctimas.
MILENIO tuvo acceso a documentos judiciales y correos electrónicos que revelan que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal (CEAV) se ha negado a reparar tal daño, pese a las promesas transmitidas por televisión. ¿Cuál es la justificación para no cumplir la promesa? Que simplemente no le toca a esa comisión hacerlo.
Ahora que no hay flashes ni cámaras, surgen otros argumentos. A través de un recurso de revisión presentado el 7 de septiembre de 2023 ante un tribunal, la CEAV sostiene que los hechos trágicos ocurrieron por culpa de autoridades del fuero común, por lo que son éstas las que deben reparar el daño causado.
“La CEAV fue creada específicamente para garantizar, promover y proteger los derechos de la víctima a nivel federal, por lo que para la atención de las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal se crearon las Comisiones Estatales”, dicen en el documento legal que hace parte del juicio de amparo 440/2023.
Este argumento se contrapone al acuerdo de 2017, por medio del cual la Comisión de Atención a Víctimas federal ejerció la facultad para brindar ayuda y cubrir con una compensación a las víctimas de la masacre.
El gobierno estatal hizo lo propio: a través de un acuerdo sobre las determinaciones de desechamiento, la Comisión Estatal de Víctimas de Coahuila señaló que, en efecto, en 2017 la CEAV reconoció que sí le tocaba indemnizar a los afectados. Añadían que además el organismo estatal no tiene dinero para hacerlo.
Una de las sobrevivientes de Allende, a quien le asesinaron a su marido y que hoy no puede exigir justicia de frente por temor a ser asesinada, reclama que lo sucedido “es una cosa que realmente nunca se supera, es insuperable, claro, pero aunado a eso le suman que te quieren volver loca, o sea, ellos [la CEAV] son un verdugo también. Te llevan a un punto de quiebre y yo pienso que es para que renuncies a todo”.
'Los Zetas' siguen ahí
Han pasado 12 largos años desde aquel día en que ‘Ella’, como será llamada porque contra lo que muchos piensan, Los Zetas siguen controlando la región, recibió una llamada telefónica. Al recordar el momento hace largas pausas durante su relato hasta que su tono dulce y norteño se quiebra. Dice que no sabe por dónde empezar y que le da una tremenda ansiedad revivir el hecho.
Tenía 25 años cuando ocurrió la masacre en Allende, una localidad muy pequeña que apenas superaba los 20 mil habitantes. Había dejado el último semestre de la carrera en Saltillo, la capital del estado, para ir a vivir con su marido, un joven de apellido Garza. Durante los cuatro años que vivió ahí, la vida transcurría entre largos caminos de terracería y ranchos a los que alquilaban maquinaria pesada.
Todo iba en curso hasta el 18 de marzo del 2011, el día de la llamada que terminaría con lo que ‘Ella’ conocía como vida. Estaban en su casa, en la zona conocida como el rancho 'Los Garza', y ya estaban por irse a dormir. Sonó el teléfono, era su suegra quien gritaba y lloraba, y desde su propiedad decía que les estaban disparando, al tiempo que su esposo, un hombre ya mayor, intentaba defenderlos.
“Entonces él (esposo de ‘Ella’) se quedó así, o sea, en shock totalmente, de que ‘no, ¿cómo?, sálganse’, y ya luego pues se cortó la llamada y él se quedó en la cama así como paralizado”, recuerda. La mujer fue la que reaccionó y pensó en segundos: “Si mis suegros viven a tres cuadras, los que seguimos somos nosotros”.
Se activó. “No, no podemos quedarnos en la casa. Yo no sé qué está pasando, si acaso aquí hay alguna venganza, algo personal o lo que sea”, recuerda que fueron sus primeros pensamientos. Su esposo, acto seguido, quería ir a auxiliar a su madre. “Entonces yo le dije: ¿y cómo vas a ir por tu mamá, no oías pues que estaban disparando?”.
De momento logró convencer a su esposo de que salieran de Allende. Durante el camino su marido llamó a su hermano, que estaba en casa de sus papás, pero ya no contestó. Después a su hermana, quien unos minutos antes de la balacera había salido de la casa rumbo a una carne asada pero que pudieron recogerla. Tras unos minutos estaban los tres escapando de Allende.
“Pero él decía que no podía con eso y quería regresar, y yo le respondía ‘pero cómo vas a ir si no tienes ni pistola’ o sea, ay no, yo lo veía, así como ir al matadero, aunque se escuche bien feo, porque qué vas a hacer tú solo… totalmente nada. No sé, fue muy muy triste porque yo siento que él pudiera estar vivo, pero él quería a sus papás y se fue”.
Nunca lo volvió a ver, y tampoco regresó a ver los pedazos que quedaron de su casa en Allende. Por gente cercana y por las noticias se enteró de lo sucedido: Los Zetas destruyeron el pueblo y se llevaron todo y a todos.
“Recuerdo que ese día traía puesto mi pantaloncito, la blusita y unas chancletas porque pues ya estábamos por acostarnos. Yo digo que a la gente se le hace muy fácil decir ‘es que nada más queremos el dinero’, pero están tan locos ¿pero qué ocurrencias? Es que no es justo que me hayan arrebatado mi vida, la familia que yo había decidido formar, la persona que quería y que me hayan condenado al exilio”, dice con un dejo de rabia la hoy viuda.
Un pariente ‘zeta’
Con el tiempo, sin embargo, ha encontrado algunas respuestas. El abuelo de su esposo tenía una propiedad muy grande, el rancho 'Los Garza', donde desde hace más de 100 años se hacían faenas de agricultura. El terreno lo habían repartido entre hermanos, nietos y sobrinos, pero los Garza tenían un pariente del que poco sabían: el hijo del tío Luis, hermano del abuelito de su esposo.
Era Luis La Güiche Garza, quien tiempo después las autoridades revelarían que trabajaba con Los Zetas. Un rumor que nadie confirma y del que pocos se animan a hablar.
“Había una carnita asada y nos juntábamos, pero a ese Luis en particular nunca lo vi, o sea ni en casa de mis suegros, y no era tanta la diferencia de edad, pero luego ya haciendo como un análisis yo dije ‘a lo mejor por eso tenían cierta distancia’”.
Hoy se sabe que la historia fue así: los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales el Z40 y Omar Treviño Morales el Z42, líderes de Los Zetas, aseguraban que había traidores en su organización. Uno de ellos habría sido La Güiche Garza, quien presuntamente entregaba información a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) junto con su compinche, un narco menor llamado Héctor Moreno.
Durante días Los Zetas acabaron con todo aquel que se apellidara Garza y Moreno. Destruyeron con maquinaria pesada los ranchos, los saquearon, se llevaron todas las pertenencias y asesinaron a quienes iban encontrando. La cifra oficial de desaparecidos es 26, sin embargo los sobrevivientes aseguran que hay más de 300.
“Y ha sido muy muy muy difícil y me da mucho sentimiento que la autoridad nos trata como si no fuéramos humanos, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho nos privaron y nos han hecho sufrir tanto? Y todo el tiempo que tuvo que pasar para que sacáramos las fuerzas necesarias de exigir porque ni siquiera eso te dejan, te dejan tu cabeza hecha nada, no tienes capacidad de pensar”.
El peregrinar de ‘Ella’ ha sido largo: se dirigió a Estados Unidos donde trabajó de todo, luego regresó a México e intentó reconstruir su vida, pero cuando en su trabajo se enteraron que era sobreviviente de la masacre, no dudaron en despedirla.
Hoy ha decidido hablar porque le parece inhumano que la CEAV y el gobierno de Coahuila se nieguen a reparar los daños que causaron con su inacción y colusión con Los Zetas.
Silvia, la sobreviviente
Silvia Garza habla rápido y sin pasar saliva. A 12 años de aquel día, se volvió experta en tecnicismos judiciales. Tiene una agilidad para responder y la claridad de una abogada para las explicaciones técnicas.
“Tenemos en la familia extendida 17 desaparecidos. Yo tengo directamente a mi papá, a mi hermano y tengo un medio hermano, todos desaparecidos. La esposa de mi papá también –la segunda–, tengo tíos, primos, la suegra de mi tío, el cuñado de mi tía política, el hermano, mi tía política y así se van contando 17”. El conteo de terror contrasta con su voz dulce.
Silvia aprendió a hablar sin titubear, a pesar de que lo que cuenta es la historia de cómo perdió a toda su familia, incluido un hermanito de 10 años. En Allende se quedaron los recuerdos de una vida que no podrá recuperar, las fotografías de cuando eran niños. No queda un sólo recuerdo de sus Garza. Hasta eso se llevaron Los Zetas.
“Pues ya sabes, verdad, que mi primo no sé qué hicieron y qué información vendió Héctor. Total que Héctor Moreno vendió una información a la DEA, entonces ellos filtran la información, les avisan a Los Zetas, se enojan y empiezan a buscarlos. Pero pues ellos [su primo y su amigo] ya estaban en Estados Unidos”.
Silvia dice que primero llegaron al rancho de su tío Luis, papá de Güicho. Primero mataron a su tío con su amigo Everardo. Luego se pasaron al rancho de su tío Rodolfo que es donde “levantaron” a su prima, a los niños, a la suegra, una viejita, a su tío y a su tía.
Silvia pensó que era un malentendido y que al final los liberarían. Pero hoy se da cuenta que eso era una ingenuidad: debió imaginarlo cuando desde su casa vio cómo los asesinos llegaron al hogar de otro tío, Víctor Garza. Escuchó los gritos, el estruendo de las balas. Vio desde enfrente cómo su tío se defendió con dignidad y con plomo de Los Zetas.
Silvia describe que ella y su familia alcanzaron a escapar del rancho. Pero los días que vinieron fueron de más terror: se comentaba que había una lista y que Los Zetas iba asesinar a todo aquel que llevara el apellido Garza.
“De hecho, estaban los policías en la entrada y en las salidas del pueblo deteniendo carros y haciéndolos sacar su identificación para ubicar que no fuera Garza o familiar de Güicho, porque pues sí eran, los iban a levantar”.
Trágicamente los integrantes de su familia sólo duraron vivos nueve meses después de la masacre. Aunque se fueron a vivir a Monterrey, los criminales los encontraron. En marzo del año 2012 su padre le avisó que una de las casas que destruyeron Los Zetas tenía un seguro que podría cobrar. Agendó una reunión con un ajustador de seguros en Allende, agarró camino con su esposa y sus dos niños. Jamás los volvieron a ver.
Se sabe que se los llevaron y Silvia sabe que fueron asesinados. Al único que le “perdonaron” la vida fue a su hermanito de un año, Los Zetas lo abandonaron en un orfanato. Dos años después lo encontrarían.
Seis meses después del secuestro de su padre la tragedia volvió sobre Silvia Garza. Su hermano Checo, quien estaba internado en un centro de rehabilitación y padecía esquizofrenia, también fue capturado por Los Zetas.
“El domingo nos enteramos que mi hermano Sergio había estado en casa de mi mamá, allá en Allende. Pero la casa ya estaba saqueada y estaba quemada, sin ventanas, sin nada, era un cascarón. Dicen que mi hermano estaba ahí gritando y llorando, que quería a su papá y a su mamá. Él lloraba, me imagino que como un niño desconsolado que no tenía a sus papás”.
Ahora sabe que fueron unos policías municipales quienes fueron por él y lo sacaron de la casa de Allende. Lo último que se supo es que lo secuestraron y lo entregaron al cártel.
Silvia vive exiliada y aún así es una de las sobrevivientes que no han dejado de luchar durante más de 12 años. Una de las exigencias ha sido que le eliminen la hipoteca de la casa que destruyeron Los Zetas y donde evidentemente no pueden regresar. Desgraciadamente no lo ha logrado y la deuda sigue creciendo.
-¿Y la Comisión de Víctimas?-
“Ha sido muy victimizante el hecho también que el principal verdugo de este sufrimiento es la CEAV, son los que más nos han oprimido y pues cómo te digo todavía que les metimos un amparo se niegan y luego meten una revisión, y nos llevan al límite. retrasan todo el proceso, ellos ya deberían de tener un dictamen y no lo hacen”, lamenta Silvia Garza.
Dice que en Allende no sólo hubo desaparecidos, también a los lugareños los saquearon y les quitaron todo. Los borraron, se quedaron sin fuente de ingresos. “Es mucha la pérdida, conlleva el daño moral, daño psicológico, queremos que algo pase, que sí nos hagan caso de verdad y que se pongan del lado de la víctima, que no nos criminalicen”, dice.
Considera que si el gobierno federal y el estatal permitieron que les destruyeran la vida tienen que pagarlo. Dice que si se roban millones de pesos cómo van a poder indemnizar a los afectados. Es lo mínimo que merecen porque sus muertos no van a regresar.
El abogado Jesús González Schmal, quien representa a Silvia y otras dos sobrevivientes de la masacre de Allende, lo dice sin miramientos: hasta Alejandro Encinas, en Arteaga, les dijo que recibirían conforme a la ley protección psicológica y que atendería a la obligación del Estado para pagar las indemnizaciones que correspondieren en el caso tan grave.
Explica que los sobrevivientes han estado en una situación de penuria durante todos estos años. Recuerda que desde el 2017 la CEAV atrajo el caso, por lo cual la federación se responsabilizó, pero “se quisieron lavar las manos”, dice Silvia. Coahuila es en donde tienen que atenderlos, se escudan diciendo los de la Comisión.
No sólo eso: a pesar de que González Schmal logró un amparo que obliga a la CEAV a dar explicaciones, esta dependencia interpuso un recurso de revisión, lo cual para el abogado “es una burla” porque alegan que cumplieron con la obligación de pasarle el caso al estado de Coahuila. “No tienen vergüenza”, dice indignado.
Aunque es difícil medir con cuánto dinero tendrían que indemnizar a las víctimas, Silvia Garza ofrece un panorama: destruyeron los ranchos, mataron a los animales, demolieron las casas, se robaron millones de pesos en maquinaria pesada, los contratos activos se perdieron, y por ende los proyectos pendientes ya no existen.
“No me da la cabeza para decir un número. Todo cuenta, los planes a futuro, mi proyecto de vida destruido. Saben ellos que es mucho el daño, por eso se hacen tontos. No creo que haya una reparación integral tan grande como lo que nos quitaron”, dice a MILENIO.
Jesús González Schmal y el abogado Gerardo Ballesteros conocieron esta historia cuando el primero trabajaba en la CNDH y se dio cuenta que realmente no estaban haciendo nada con este asunto. “Estas personas estaban abandonadas. Somos paisanos, yo soy coahuilense y desde entonces tengo la defensoría y estamos intentando que salgan adelante en este trance tan difícil”, sostiene.
Como coahuilense y conocedor de la realidad en el estado, explica que el territorio que comprende Allende, Piedras Negras y los municipios vecinos llegaron a ser propiedad de Los Zetas. Los presidentes municipales no valían para nada y los del cártel llegaron a infiltrarse de tal forma que, al menos en Allende, controlaban absolutamente todo, desde el palacio de gobierno hasta la policía.
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