El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que se rescataron a 77 mil 498 personas de las redes de traficantes, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) precisó que 475 personas fueron sentenciadas por tráfico de personas durante la presente administración.
En la II Conferencia Nacional de Migración (CNM), realizada por el INM, su titular Francisco Garduño Yáñez, informó que, de 2018 a lo que va de 2022, se han rescatado 77 mil 498 personas de las redes de traficantes.
Por su parte, la FGR a través del titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), Germán Adolfo Castillo Banuet, indicó que en 2018 fueron rescatadas 533 personas; 2019, 22 mil 189; 2020, 6 mil 249; 2021, 28 mil 804 y en lo que va de 2022, 19 mil 723.
Asimismo, la FGR dio a conocer que, de diciembre de 2018 a agosto de 2022, se iniciaron 4 mil 707 carpetas de investigación. La mayoría se concentran en los estados de Nuevo León con 858; Chiapas, 729; Veracruz, 649; Tabasco, 510; Oaxaca, 315; Tamaulipas, 251; Coahuila, 236; Estado de México, 229; Chihuahua, 224; Baja California, 190; Puebla, 144; Tlaxcala, 59; Sonora, 52; Hidalgo, 38; Zacatecas, 37; Quintana Roo, 35; Ciudad de México, 30.
Le siguen Querétaro con 26 carpetas de investigación; Guanajuato, 23; Durango, 22; Aguascalientes, 20; Campeche, 13; Baja California Sur, 6; Yucatán y Guerrero, 4 respectivamente; Jalisco, 2; y Colima, uno.
En tanto, anunció que 2 mil 286 personas fueron judicializadas por tráfico de personas, se realizaron 2 mil 31 detenciones legales, mil 653 se vincularon a proceso, 729 están sujetas a prisión preventiva y 475 personas fueron sentenciadas.
Durante su participación en la II CNM que se llevó a cabo durante tres días en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, la FGR propuso una serie de reformas a la Ley de Migración, con la finalidad de tener mejores resultados en la persecución del delito de tráfico de personas.
Destacó que hay resultados concretos en la persecución del delito e hizo énfasis en que se requieren acciones legislativas para tener mejores resultados y hacer más eficaces las investigaciones desde la detención, puesta a disposición y hasta obtener una sentencia contra los probables responsables.
En ese sentido, Castillo Banuet planteó reformas a los artículos 3, 67, 68, 97, 98, 105, 159, 160 y la adición del artículo 160 de la Ley de Migración para simplificar la comprobación del delito.
Agregó que hay tres grandes retos para el éxito de una investigación eficaz en contra del tráfico de personas. El primero es justificar debidamente las detenciones por parte de los primeros respondientes.
Segundo, la falta de imputación y colaboración de las víctimas, y tercero, la alta exigencia para la comprobación del hecho delictivo que se cifra en dos elementos del tipo penal: la comprobación del lucro y la intención de la evasión de la revisión migratoria.
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