Por años, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, gastó más de 210 millones de pesos para mantener y proteger a casi 400 delincuentes que se convirtieron en testigos protegidos, de los cuales hoy se desconoce su paradero, no están localizables, terminaron en las calles o están muertos, de acuerdo con funcionarios federales.
A partir del sexenio de Enrique Peña Nieto se empezó a dar de baja a estos testigos y se emprendieron investigaciones porque muchos rindieron declaraciones falsas que fueron utilizadas para llevar a la cárcel a decenas de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Policía Federal, de la PGR y de la Secretaría de Marina (Semar).
Hoy en día, aseguran los funcionarios de la actual administración, los pocos testigos no gozan de privilegios como sucedía antes, quienes eran apoyados para conseguir trabajos, recibían protección y vivían incluso en instalaciones militares.
Otros testigos, comentan, se presume están libres en Estados Unidos, porque también declararon en juicios que se llevaron a cabo en Cortes de ese país.
De acuerdo con registros de la institución, la época en que más dinero se invirtió para alojamiento, protección, vivienda y alimentación de los testigos, fue en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, es decir, de 2000 a 2012, donde se invirtieron 178 millones 261 mil 615 pesos.
Se sabe que, en 2001, la PGR tuvo 35 testigos colaboradores; en 2002, 42; en 2003, 39; en 2004, 44; en 2005, 48; en 2006, 43; en 2007, 50; en 2008, 57; en 2009, 61; en 2010, 43 y en 2011, 60.
En 2013, se invirtieron 19 millones 919 mil 335 pesos para mantener, dar protección y alojamiento a testigos colaboradores. En los primeros seis meses de 2014, se gastaron 11 millones 781 mil 617 pesos.
A partir de 2015, el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR determinó dar de baja a tres de los 14 testigos con los que contaba la institución.
La dependencia federal comenzó a revisar la utilidad de las declaraciones en los procesos penales los 11 testigos restantes, así como su comportamiento y disponibilidad.
En esa época el número de testigos que usaban nombres claves y que obtuvieron otra identidad a cambio de delatar a líderes y operadores de cárteles del narcotráfico disminuyó en 83.33 por ciento.
Testigos estrellas
Eran conocidos con los nombres clave de Jennifer, Pitufo, Güicho, Mateo, Tigre, María Fernanda, Rambo, Felipe, Ricardo, Sebastián, Orión, Renata, Carolina, Zajed, Libre y X, y cobraron notoriedad por los casos en que declararon.
Algunos aseguraron haber presenciado delitos o estar enterados de los tratos que lograron sus jefes, operadores y líderes del narco, con autoridades y otras personas de la política.
El Pitufo, cuyo nombre verdadero era José Salvador Puga Quintanilla, declaró contra al ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, de quien dijo recibía pagos por proteger a miembros del crimen organizado en Tamaulipas.
Sin embargo, se demostró la inocencia del ex mando policíaco, quien fue exonerado por un juez federal; en tanto, el testigo se suicidó en una prisión de Texas, en 2017, tras ser detenido y acusado de pedofilia.
Zajed, fue el testigo que dio origen en 2009, al caso conocido como El Michoacanazo, en el que se capturó a casi 40 servidores públicos del gobierno de Michoacán, por supuestamente guardar relación con el Cártel de La Familia Michoacana.
El caso se convirtió en el mayor fracaso de la PGR, porque todos los acusados recuperaron su libertad, por no existir pruebas en su contra.
También declaró para detener al ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, Greg, a quien señaló de tener nexos con el Cártel de Los Zetas y de participar en el tráfico de indocumentados. Greg también recobró su libertad.
El abogado Roberto López Nájera, quien trabajaba para el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal , La Barbie, obtuvo el nombre clave de Jennifer. Junto con El Pitufo, atestiguó contra el ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y contra otros militares a los que ligaron con el cártel de los Beltrán Leyva. Los militares fueron exonerados porque las declaraciones eran falsas.
Los dichos de Jennifer también llevaron a la cárcel a varios de los jefes de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), entre ellos a su titular Noé Ramírez Mandujano, además de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, quienes después fueron absueltos por jueces federales.
El narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande, segundo al frente del Cártel de Los Beltrán Leyva, obtuvo el nombre clave de Mateo. Declaró contra el secretario de Seguridad Pública del estado de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, y contra el general Tomás Ángeles. Los señalados fueron absueltos.
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