Un juez federal otorgó una suspensión provisional que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) que se abstenga de implementar el proceso electoral judicial, y que por el momento no emita acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del mismo.
Francisco Javier García Contreras, juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, concedió la medida cautelar solicitada por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la cual amplió su demanda de amparo.
- Nacional
“…es dable establecer que dicho proceso legislativo, no se llevó conforme al procedimiento legislativo…transgrediendo con ello la garantía de seguridad jurídica…Violación que se destaca con la intención de evidenciar que el acto reclamado deviene de un fruto envenenado”, indica el acuerdo del juzgador.
La resolución ordena que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se abstenga de implementar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025; que no emita acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso.
Que se abstenga de implementar un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial en lo que respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación; y al órgano de administración judicial en lo que corresponde a sus funciones administrativas y de carrera judicial.
De igual manera, que evite emitir acuerdos generales y específicos que se requieran para implementar dicho plan de trabajo.
Mientras que el Senado de la República se debe abstener de emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación ; así como omita tomar protesta de su encargo de los juzgadores vencedores en la eventual elección el 1 de septiembre de 2025; y, omita realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento del Decreto.
Igualmente, se ordena a la Cámara de Diputados omita realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento del Decreto.
Añade que las Legislaturas de los Estados y el Congreso de la Ciudad de México se abstengan de realizar de las adecuaciones a sus constituciones locales para adecuar la reforma judicial dentro del plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto reclamado con la renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales a más tardar en la elección federal ordinaria del año 2027.
El juzgador dio un plazo de 24 horas para que las autoridades den cumplimiento a la suspensión provisional y en caso de no hacerlo, se impondrá una pena de tres a nueve años de prisión, multa de 150 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión.
El próximo 30 de septiembre se llevará a cabo la audiencia donde se resolverá si otorga la suspensión definitiva.
KGA