El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, alertó que en muchas partes del mundo hay “tentaciones” que buscan hacer retroceder las conquistas en derechos humanos que se creían irreversibles.
Por esta razón, pidió estar siempre vigilantes desde la academia, la Judicatura, los poderes legislativos y desde todos los órganos que forman y conforman la sociedad.
"Para no permitir retrocesos en materia de derechos humanos no basta que nuestra Constitución establezca el principio de no regresividad o de progresividad de los derechos humanos. Tenemos que estar vigilantes”, expresó.
El ministro presidente detalló que los derechos humanos que se pretenden retroceder manos de las minorías, de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, de las personas indígenas, de las niñas, niños y adolescentes.
Pidió no perder de vista los derechos humanos de las minorías, de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, así como de los indígenas, de las niñas, niños y adolescentes.
Durante la presentación internacional del libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, obra del ministro Arturo Zaldívar, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), señaló que México, como lamentablemente la mayoría de los países de nuestra región, sigue enfrentando serias desigualdades, injusticia y abuso de poder.
Indicó que muchos derechos siguen siendo aspiración y no existen en la realidad, por ello es obligación de los juzgadores y jueces constitucionales de seguir siendo parte de la transformación social.
“Porque mientras todos los derechos no sean justiciables, no pasan de ser buenos deseos. Requerimos juezas y jueces que, con argumentos obviamente sólidos, no por ocurrencias, sino con construcciones argumentativas serias, podamos seguir avanzando en esta transformación social a través de los derechos”, apuntó.
Durante el evento participaron Marie-Christine Fuchs, ex directora del Programa Estado de Derecho para la América Latina, Fundación Konrad-Adenauer; Marisela Morales Antoniazzi, del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado e Internacional Público, y Roberto Saba, profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad de Palermo y la Universidad de Buenos Aires.
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