Un informe sobre las vacunas de AstraZeneca presuntamente caducadas en Tamaulipas, se demandó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pidiéndose que Salud federal muestre el sustento científico y las razones por las que Cofepris autorizó su aplicación.
Y es que el pasado 3 de mayo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó que se siguieran usando las dosis de la vacuna contra el covid-19 que inicialmente se dijo caducaban el 30 de abril.
“Se contemplaron poco más de 500 mil dosis, en el marco de una campaña intensiva, sin embargo, la Secretaría de Salud de Tamaulipas señaló que se regresarían (las sobrantes) dada la fecha de caducidad”, expuso la diputada federal Gabriela Sodi.
Precisó que, según la titular de la dependencia estatal, Gloria Molina Gamboa, la Cofepris determinó una extensión de vida útil para los lotes de vacuna AstraZeneca, teniendo como límite el 24 de mayo basados en la fecha de fabricación.
Se explicó que la vida útil de cada lote es por seis meses, lo que aunado al manejo adecuado de la red de frío evitaba riesgos. En ese sentido, el organismo regulador analizó las fechas de fabricación de los últimos lotes distribuidos, que van desde el 2 hasta el 25 de noviembre de 2021, determinando su seguridad.
En ese contexto, se añadió, es de conocimiento público y científico el alto riesgo que puede plantear el uso de un medicamento después de su fecha de caducidad y más cuando es aplicado masivamente.
“Ahora solicitamos a la Secretaría de Salud federal que explique las razones científicas que sustenten la autorización de Cofepris para el uso de estas vacunas de manera masiva. Además, resulta inaceptable que estos medicamentos, tan escasos en el mundo, por una falta de planeación y control hayan vencido su fecha de caducidad”.
La diputada demandó también que la Auditoría Superior de la Federación realice los análisis necesarios para determinar si hubo un manejo responsable de estos biológicos en su proceso de almacenamiento y distribución y deslindar en su caso responsabilidades.
La legisladora perredista promovió un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite a la Secretaría de Salud federal el informe antes citado y la intervención del órgano fiscalizador, propuesta que fue turnada a comisiones para su estudio correspondiente.
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