Por los hechos ocurridos en marzo del 2011 en el municipio de Allende, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) ha obtenido sentencias en contra de ocho personas, entre los que se encuentran cinco elementos de la Policía Municipal, quienes recibieron penas que van de los 150 y hasta los 175 años.
Entre los elementos que recibieron sentencias, una mujer policía recibió una sanción de 174 años, por su participación en el delito de secuestro, agravado por la forma en que terminaron las personas a las que privó de la libertad.
La masacre de Allende fue investigada por las autoridades estatales en tres etapas que permitieron determinar una cifra de 26 personas fallecidas durante estos eventos. Esta cantidad dista de los 300 muertos de los que se habló en un inicio, sin embargo, el colectivo de búsqueda ‘Alas de Esperanza’, afirmó en el año 2016, un censo que habían realizado entre la misma población, les permitía afirmar que la cifra de personas que habían desaparecido del municipio era de 45, incluyendo a aquellos que habían logrado huir y nunca regresaron.
En total, la FGE, inició procesos penales y obtuvo sentencias condenatorias para 11 personas, entre las que se encuentra Guadalupe “N”, que al momento en que se presentaron los hechos, trabajaba como policía municipal en Allende, y que fue sentenciada a pasar 143 años en prisión.
Aunque dentro del proceso penal que se inició en su contra en la carpeta 333/2018, se le dictaminó una sentencia de 80 años de prisión, el Ministerio Público apeló esta resolución y a principio del año 2021, se determinó incrementar la sanción, hasta alcanzar los 174 años de cárcel, que ya cumple en el CERESO femenil de Piedras Negras.
La versión pública de la sentencia por el delito de secuestro agravado, permite conocer que el Ministerio Público recabó información en la que se sostiene que los agentes municipales, arribaron a los domicilios de varias familias en vehículos particulares y en camionetas de la corporación municipal, y utilizando armas largas, privaron de la libertad a las personas, y las trasladaron a otro domicilio, donde las vigilaron e impidieron que pudieran escapar.
También se advierte en las declaraciones presentadas, que la oficial Guadalupe “N”, fue amenazada en varias ocasiones por los sicarios del grupo armado, de asesinarla a ella y a toda su familia, si se negaba a realizar los actos que le solicitaban, así como también se informa que fue obligada a informar a sus compañeros policías sobre la orden de trabajar con el grupo delictivo en diferentes acciones, por lo que dentro del documento, se establece que la mujer policía fue víctima de violencia de género.
De igual manera se establece que la sentenciada no intentó remediar el daño ocasionado, ni dio parte a las autoridades sobre los eventos delictivos en que participó.
En el caso de la mujer policía sentenciada, la suma de la condena es mayor a la de sus compañeros, debido a que se acredita su participación en una cantidad mayor de hechos delictivos.
Los hechos ocurridos en el mes de marzo de 2011 en Allende, representan uno de los pasajes más oscuros de la historia de Coahuila, cuando la desaparición de varias familias completas a manos del crimen organizado, se dio con la complicidad de autoridades del municipio y el silencio de otras.
Las investigaciones realizadas por las autoridades estatales, alcanzan a mostrar un poco del terror que vivieron sus habitantes entre los días 18, 19 y 20 de marzo de ese año, cuando el grupo delictivo ‘Los Zetas’, provocó una masacre en este municipio contra varias familias, como una venganza en contra de un colaborador que huyó a Estados Unidos con dinero de la organización criminal, y que era originario de Allende.
Esto habría motivado, de acuerdo a las investigaciones de la FGE, a una venganza que incluyó la destrucción de propiedades, incendios en casas, secuestro y homicidio de familiares, amigos, empleados y todo aquel que tuviera relación con el apellido Garza en el municipio de Allende.
En estos hechos, además de los criminales, también tuvieron participación elementos de la propia Policía Municipal, que no solo no intervinieron en auxilio de la población, sino que ayudaron en la privación de la libertad, traslado y vigilancia de aquellos que posteriormente fueron asesinados.
Los policías municipales que ayudaron a la organización criminal en el secuestro de las víctimas, también impidieron que los elementos del cuerpo de Bomberos atendieran los múltiples reportes de incendios que se recibieron durante esos tres días, y que posteriormente se informó por parte de la FGE, habrían sido iniciados con la finalidad de desaparecer a las personas asesinadas.
Dentro de la misma versión pública de la sentencia, se presentan las declaraciones de varios elementos del cuerpo de Bomberos, que indican que ante los reportes de incendios de viviendas, identificaron a algunos policías municipales, los cuales les daban órdenes de no acercarse y los obligaron a retirarse del lugar.
KM