La reciente detención de Gabriel 'J', un ex policía del municipio de Tala, Jalisco, por su presunta implicación en la desaparición forzada de un hombre en el Rancho Izaguirre, ha generado controversia y cuestionamientos.
Alfonso Partida Caballero, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y miembro del Observatorio de Seguridad, ha señalado diversas irregularidades en el proceso, lo que aumenta la desconfianza en las autoridades encargadas de la investigación.
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¿Qué irregularidades denuncia en el arresto del ex policía de Tala?
Alfonso Partida, cuestionó además el papel de Omar García Harfuch en la detención, al señalar que la investigación corresponde al Ministerio Público y a la Policía Investigadora, y no a un funcionario de seguridad pública.
“Existe mucha desconfianza, en primer lugar, porque esa persona no tenía orden de aprehensión. De repente nos dicen que es un delincuente, y mucho me temo que hacen las cosas para justificar su trabajo, no que esté bien hecho, porque dicen que lo detuvo García Harfuch, pero él no es quien debe hacer la investigación, es el ministerio público y la policía investigadora”, declaró Partida Caballero.
La captura de Gabriel 'J' ocurrió el pasado 22 de marzo en Acatic, Jalisco, a solicitud de la Fiscalía del Estado, con apoyo de la Policía Federal Ministerial.
Sin embargo, el hecho de que no existiera una orden de aprehensión en su contra al momento de la detención ha encendido las alarmas sobre la legalidad del procedimiento y la posible fabricación de culpables en un caso que ha generado gran impacto en la opinión pública.
¿Cuántos policías más han sido arrestados en Jalisco?
Más allá de esta detención específica, el investigador de la UdeG alertó sobre la profunda crisis de seguridad en el estado de Jalisco. En el sexenio de Enrique Alfaro (2018-2024), al menos 285 elementos de seguridad municipal fueron detenidos por estar relacionados con el crimen organizado.
“En lo que pasó del sexenio de Enrique Alfaro, 285 es un mar, imagínese ustedes a los 285, y esos son los que agarraron o a los que pudieron comprobar algo. Cuando menos aquí tenemos que hablar de mil 500 o más que están totalmente inmiscuidos en este tipo de situaciones”, subrayó Partida Caballero.
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Los datos del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG revelan que estos 285 policías detenidos estuvieron vinculados a desapariciones forzadas en diversos municipios, entre ellos San Miguel (27), Tlaquepaque (25), Zapopan (21), Guadalajara (21), Casimiro Castillo (19), Poncitlán (16), Autlán (12), Tlajomulco (12), Tonalá (10) y La Barca (9).
“Nadie les cree, estamos ante un estado ineficaz. Pero un estado cómplice, totalmente cómplice, llámese policía, llámese el Ministerio Público, los mismos jueces son cómplices de todo el crimen”, afirmó el investigador.
Además, criticó la manera en que se designan las autoridades de seguridad y procuración de justicia, ya que, según él, terminan respondiendo a intereses políticos más que a la verdadera búsqueda de justicia.
El caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, ha expuesto una vez más la compleja red de corrupción y complicidad dentro de las fuerzas de seguridad en Jalisco. La captura del ex policía, lejos de ser un logro incuestionable, deja más dudas que certezas sobre la transparencia y legalidad de los procedimientos judiciales y el verdadero alcance del problema en la entidad.
AM