La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) determinó que presuntamente Candelario 'N', ex servidor público de la alcaldía Benito Juárez,
estaría relacionado con la supuesta red de corrupción inmobiliaria en la demarcación, por lo que un juez le dictó prisión preventiva.
El ex funcionario fue imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como de asociación delictuosa, tras detenerlo en cumplimiento de una orden de aprehensión hace algunos días.
En audiencia, el juez calificó como legal su detención, de este modo concedió la duplicidad del término constitucional a solicitud de la defensa del acusado, por lo que su situación jurídica se resolverá en los próximos días.
Candelario 'N' es señalado porque, en su calidad de jefe de Unidad Departamental de Obras Viales y Señalización, de manera conjunta con otros servidores públicos en Benito Juárez posiblemente celebraron, en abril de 2017, un contrato por casi cuatro millones de pesos con una persona moral realizando pagos probablemente ilegales con recursos públicos que tenía a su cargo.
Cabe destacar que el ahora preso se desempeñó en diversos cargos en 2010 y durante las dos últimos administraciones, siendo que en 2010, Candelario 'N' fue jefe de la Unidad Departamental de Obras Viales; puesto que ocupó nuevamente en 2017 y 2018.
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¿Cómo fue el arresto de Candelario 'N'?
El pasado 26 de abril fue arrestado Candelario 'N', por lo que la fiscalía capitalina lo relacionó con el cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez.
A través de un mensaje, Ulises Lara, coordinador general de investigación territorial, explicó que al ser servidor público en la demarcación antes mencionada, posiblemente otorgó permisos y autorizaciones a empresas constructoras e inmobiliarias, incumpliendo la Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
Conforme a las indagatorias de la Coordinación General de Investigación Territorial Candelario 'N' al estar a la cabeza de la Unidad Departamental de Obras Viales y Señalización, de manera conjunta con otros servidores posiblemente realizaron pagos ilegales con recursos públicos.
Además, Lara aseguró que la indagatoria señala que la obra pública, particularmente de asfaltado, por la cual se firmó el contrato, nunca fue realizada, ya que dicha empresa no operaba legalmente, sólo se instruyó para la comisión del delito y con el conocimiento de que no tenía la capacidad, ni infraestructura de ningún tipo para realizar dichas obras.
SCM