A principios de esta semana, una mujer de 50 años en Durango sufrió quemaduras de segundo grado en el cuello y la espalda tras ser agredida por su pareja sentimental, quien le lanzó agua hirviendo durante una discusión.
Este brutal ataque ha reavivado el llamado a la aprobación de la Ley Malena, también conocida como Ley Ácida, que busca tipificar este tipo de agresiones como violencia extrema y tentativa de feminicidio.
Activista pide legislación de Ley Ácida en Durango
María Elena Ríos, reconocida activista feminista a nivel nacional, destacó la urgencia de implementar esta legislación en Durango y en todo el país. La activista subrayó que el acto de quemar el cuerpo de una mujer representa una expresión de violencia extrema que es consecuencia de otros tipos de abuso no atendidos.
“Cuando queman el cuerpo de una mujer no es sencillo denunciar, primero por el estado de salud en el que se encuentra y segundo porque este tipo de violencia es el resultado de estar atrapada en un círculo de abuso normalizado,” afirmó Ríos.
Ríos señaló que uno de los principales retos es la falta de cifras e información sobre los casos de agresiones con sustancias o métodos violentos como el ocurrido esta semana en Durango.
“Antes de venir investigué cuántas mujeres han sido quemadas con ácido u otras sustancias en Durango, y no es nota nacional, probablemente solo local. Eso es preocupante porque invisibiliza una problemática que afecta a todo México,” comentó.
Además, la activista recordó que este tipo de violencia no es nueva: “Es un tipo de abuso que se ha perpetuado desde la Edad Media, donde quemar a las mujeres era parte de una cultura patriarcal que las consideraba brujas.”
La Ley Ácida: un marco legal necesario: activistas
La Ley Ácida, aprobada por primera vez en Puebla en 2023, establece penas de 20 a 40 años de prisión para los agresores que utilicen sustancias químicas o métodos que causen lesiones externas e internas a las víctimas. La propuesta busca tipificar estas agresiones como tentativa de feminicidio, reconociendo la gravedad y el impacto de estos actos.
Ríos enfatizó la necesidad de que Durango apruebe esta reforma: “Es vital visibilizar y castigar estos actos de violencia extrema. No podemos permitir que se sigan considerando incidentes aislados. Cada caso es una prueba de que la violencia de género está profundamente arraigada y debe ser erradicada.”
El ataque a esta mujer en Durango, sumado a los testimonios de colectivos feministas locales, pone en evidencia la urgencia de que las autoridades estatales actúen. La aprobación de la Ley Ácida sería un paso crucial para garantizar justicia a las víctimas y prevenir futuros casos.
La activista hizo un llamado a la ciudadanía y a los legisladores para no ignorar este problema: “Es momento de proteger a las mujeres y de romper con la normalización de la violencia en nuestra sociedad.”
EC