Noel Díaz, fiscal anticorrupción en Durango, dio a conocer que se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión de las cuales dos son a nivel estatal y uno más en el organismo descentralizado de aguas en Gómez Palacio.
El entrevistado comentó en el primero de los casos que fue el Exdirector de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación, en la administración del gobierno anterior, por una denuncia interpuesta por la misma dependencia, por la contratación de un despacho externo con el fin que se contribuyera en acciones del proceso de entrega-recepción, y no se encuentra permitido en la ley. El monto del contrato es de más de 8 millones de pesos.
En el segundo de los casos, fue un funcionario que labora en la Consejería Jurídica y que realizaba cobros de créditos de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero lo hacía en su propio despacho donde citaba a los empresarios. El daño patrimonial es por 90 mil pesos.
También dio a conocer que en el caso de la exprimera dama, Elvira “N” a pesar de ser un puesto honorario en el DIF estatal, se mantiene la investigación, y se encuentran en el cotejo de información que pudiera ser de ayuda.
Además, que hasta el momento, se encuentran congeladas tres cuentas bancarias por la investigaciones que se realizan hasta el momento.
Caso Gómez Palacio
Según la denuncia, el 15 de octubre de 2020, el señor Jesús N, en su carácter de director adjunto del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA) de Gómez Palacio, Durango, se atribuyó funciones distintas a las de su puesto, pues con dicha calidad suscribió y otorgó un contrato de prestación de servicio de suministro de aguas residuales tratadas hasta por 30 años. Indicó que los afectados hacen un estimado de una afectación de 42 millones de pesos.
Elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción detuvieron a Jesús N, ex director adjunto del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA) de Gómez Palacio, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público.
- Policía
Fue después de que, a petición del agente del Ministerio Público anticorrupción, el Juez de Control y Enjuiciamiento concediera la orden aprehensión que la misma fue ejecutada.
Según lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley de Aguas para el Estado de Durango y el artículo 13 del Acuerdo de Transformación del organismo público descentralizado, solo está facultado el director general de la dependencia para la celebración de contratos y convenios.
Además, dicho contrato, fue suscrito por un plazo mínimo de 30 años, periodo que, según la ley, debe contar con la autorización por parte del Congreso del Estado.
Con estas acciones, el acusado ocasionó un perjuicio al Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado, así como personas físicas y morales, en daños por cuantificar.