El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación en Coahuila obtuvo vinculación a proceso contra una persona por su probable responsabilidad en el delito de tráfico de migrantes.
De acuerdo a la carpeta de investigación, en una acción coordinada con personal de los tres órdenes de gobierno, atendieron a un grupo de 160 personas que fueron abandonadas en una caja de tráiler, en el bulevar Lázaro Cárdenas, de la colonia petrolera de la ciudad de Monclova, Coahuila.
Los hechos mencionados se atendieron con motivo de una denuncia anónima a través del número de emergencia 911 donde se localizó a 160 personas provenientes de Nicaragua, Cuba, Honduras y Guatemala, quienes se encontraban en mal estado físico.
Con motivo de lo anterior el agente del Ministerio Público Federal dio inicio a la carpeta de investigación y formuló imputación por delito de tráfico de migrantes en contra del probable responsable de nombre Ponciano “P”, quien era el conductor del vehículo.
El juez de control del Poder Judicial de la Federación calificó de legal la detención, dictó la vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria.
Como medida cautelar dictó la prisión preventiva justificada, que deberá cumplir en el Centro de Readaptación Social Varonil de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
Otros 7 vinculados
Hace dos meses, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en su delegación coahuilense obtuvo la vinculación a proceso de siete personas por su probable responsabilidad en el delito de transporte ilegal de personas extranjeras.
Cristian, Gustavo, Arturo, Óscar, Alejandro, María y Miguel fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional en la carretera Monterrey -Saltillo dentro del municipio de Ramos Arizpe, pues viajaban a bordo de siete vehículos, en convoy, rebasando la línea continua y superando los límites de velocidad.
Por lo anterior, elementos de la Guardia llevaron a cabo una revisión preventiva en la que se percataron que en los vehículos transportaban a 29 personas de diferentes nacionalidades: 26 cubanos y tres salvadoreños, entre los cuales se encontraban cuatro menores de edad.
El objetivo de las personas indocumentadas era llegar a Estados Unidos y por ello habían pagado.
Se fijó un plazo de dos meses para una investigación complementaria.
JVS