Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Unidad Pedreras (Fomerrey 116) en Monterrey desde temprana hora por el cateo de un domicilio.
El inmueble asegurado con el número 9546 se ubica sobre la calle Indeno de la mencionada colonia, a donde arribaron los elementos.
Dicho operativo estaría presuntamente ligado a una serie de cateos realizados de manera simultánea en la colonia Niño Artillero en Monterrey y dos más en Apodaca y El Carmen.
Versiones extraoficiales señalan que el domicilio era monitoreado por la autoridad desde días atrás, y no fue hasta este jueves que se ejecutó dicho cateo.
Hasta el momento la autoridad se mantiene hermética en cuanto a la información del hecho, sin embargo, se espera que al finalizar el operativo se informe el resultado de lo asegurado y si hubo detenciones.
Agencia Estatal de Investigaciones realiza diferentes cateos
El primero a un domicilio de la calle José Timoteo Rosales en la colonia Niño Artillero.
Hasta este lugar acudieron los agentes ministeriales y comenzaron a catear una casa la cual reconocieron algunos vecinos del lugar como una oficina, sin especificar el giro de la misma.
De igual forma en la zona norte de Monterrey se llevó a cabo otro operativo el cual estaría relacionado.
Los otros dos operativos por parte de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se realizaron en los municipios de Apodaca y El Carmen.
En el sitio se pudo observar a personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales quienes estuvieron analizando las pertenecías encontradas al interior de la oficina.
Como parte del operativo se tuvieron que realizar cierres viales para que los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizarán los cateos ordenados.
¿Qué implica un cateo?
Un cateo, también conocido como allanamiento, es una diligencia legal que permite a las autoridades ingresar y registrar un inmueble privado, como una casa, oficina, vehículo, o cualquier otro espacio cerrado, para buscar y, en su caso, incautar pruebas relacionadas con la posible comisión de un delito. Este procedimiento está regulado por la ley y debe cumplir con ciertos requisitos y garantías para proteger los derechos de las personas afectadas.