Cuatro policías municipales de Guadalajara fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad en la modalidad de violación de derechos humanos.
Los policías municipales de Guadalajara fueron identificados como José Blas “N”; Yael Adriana “N”, Carlos Alberto “N” y Pedro Francisco “N".
Sin embargo, solicitaron la suspensión condicional del proceso y, tras establecer un acuerdo reparatorio del daño a la sociedad por $32 mil pesos en total, consiguieron el beneficio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En audiencia inicial realizada el 8 de junioo en los juzgados de Puente Grande, el Juez, Raúl Valdez Arredondo, resolvió vincular a proceso a los cuatro elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, por el delito de abuso de autoridad, al ejecutar actos atentatorios de los derechos humanos garantizados por las constituciones políticas de México y de Jalisco.
Así fueron los hechos
En abril de 2017, los policías presentaron ante el Agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a cuatro hombres, tres adultos y un menor de edad, que presuntamente habían detenido en un operativo en el barrio de Analco, señalándolos por delitos del orden federal.
Uno de los detenidos, a través de sus abogados promovió un recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alegando que la detención no había sido comolos policías habían reportado en el Informe Policial.
Narró que las cuatro personas fueron detenidas en circunstancias diferentes por otros uniformados quienes los llevaron a donde se encontraban los cuatro policías hoy vinculados, a quienes se los entregaron para que los presentaran ante el MP federal, por lo que lo asentado en el IPH era falso.
La CNDH evió la queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) quien la analizó y formuló una recomendación en la que ordenó a la visitaduría de la Fiscalía Estatal abrir una carpeta de investigación.
En la audiencia de este jueves, el Juez Décimo Primero consideró que existían elementos para vincular a proceso a los policías por el delito de abuso de autoridad, pero en la misma audiencia su defensa solicitó la suspensión condicional del proceso que fue aceptada, por lo que los elementos deberán pagar ocho mil pesos a cada uno a la asociación civil Nariz Roja, como reparación del daño a la sociedad.
Además, deberán de tomar un curso sobre protección de los derechos humanos y tienen prohibido tratar de localizar a la víctima o molestarla durante seis meses.
Cabe señalar que desde 2020 concluyó la integración de la carpeta de investigación, pero la víctima está en calidad de ilocalizable, lo que impedía desahogar el proceso. Sin embargo, se llevó a cabo la audiencia y el juez determinó que quedan a salvo los derechos de la víctima si es localizada en este periodo o comparece para solicitar la reparación del daño en lo personal de conformidad con lo que establece la ley.
MQ