A más de un año del fallecimiento de un menor en el interior de las instalaciones de la Unidad Fabriles del DIF Nuevo León, dos ex funcionarios fueron vinculados a proceso penal, pero uno de ellos se mantiene prófugo.
La Fiscalía General de Justicia informó que la muerte del menor Ángel Manuel Moreno fue calificada como homicidio.
La imputación solicitada por el Ministerio Público se deriva de conductas cometidas por Miguel Ángel “N”, Mauricio Miguel “N” y Raymundo Francisco “N”.
Una fuente informó que Miguel Ángel “N” no pudo se imputado debido a que presentó una suspensión de amparo, a Raymundo Francisco “N” se le vinculó a proceso por el delito de homicidio, mientras que Mauricio Miguel “N” fue vinculado por el delito de encubrimiento.
La audiencia de imputación inició el viernes 12 de mayo y culminó este miércoles 17 de mayo. Durante el proceso se dictó medida cautelar de prisión preventiva contra Raymundo Francisco “N”, probable responsable del delito de homicidio del menor, pero no ha sido localizado.
La autoridad informó que, de este último caso, se considera prófugo de la justicia, por lo que fue librada una orden de aprehensión en su contra.
El 8 de febrero de 2022, el menor se encontraba en un espacio al aire libre del Albergue Fabriles cuando sufrió una crisis derivada de un trastorno previamente diagnosticado.
En ese momento, Raymundo Francisco “N” golpeó la cara del menor con puño cerrado, cayendo al suelo, luego el imputado dejó caer su rodilla con todo su peso, provocando instantáneamente vómito y dolor abdominal.
Minutos después, se sumaron otros síntomas y luego se registró la muerte del menor, que, de acuerdo a las autoridades, tuvo origen en un shock hipovolémico a raíz de los golpes.
La imputación a Mauricio Miguel “N” por el delito de encubrimiento se debió a que giró instrucciones para eliminar fichas informativas elaboradas por elementos de seguridad de la institución y ordenó la eliminación de fotos, videos y mensajes, así como la manipulación del sistema de circuito.
A esta persona también se le atribuye la omisión de reportar la muerte del menor a las autoridades correspondientes y ordenar un servicio funerario, incluida la incineración del cuerpo, sin haberse practicado una autopsia, con el fin de obstruir la investigación de los hechos.
El juicio iniciará una vez que el Ministerio Público presente la acusación formal ante el juez, una vez que se concluya la etapa legal de investigación complementaria.
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