La diputada del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Ciudad de México, Maxta González, propuso una iniciativa de reformas al Código Penal capitalino, con el fin de que haya una sanción de dos a seis años de cárcel contra quien enajene, posea, adquiera, trafique, emplee o reciba coladeras y equipamiento urbano que haya sido robado.
Ante el pleno del Congreso, la funcionaria indicó que la propuesta de reforma busca evitar el robo y la comercialización del mobiliario urbano, además de evitar afectaciones a los recursos públicos de la Ciudad de México.
De acuerdo con la diputada González, las alcaldías en las que más se reporta el robo de coladeras son Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan, lugares en los que hay decenas de avenidas y vías rápidas afectadas, lo que podría causar accidentes vehiculares en el Circuito Interior, Insurgentes Norte, Constituyentes y Calzada Vallejo, entre otras.
La miembro del PRI detalló que, según con datos periodísticos, de enero de 2019 a noviembre de 2021, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) tuvo que invertir 33 millones 660 mil 591 pesos en recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua potable, mismos que en muchos casos se debe a que son robados para venderse en locales de compra de fierro viejo.
Durante los últimos años, según la diputada capitalina, las coladeras, los pozos de visita y rejillas de piso hechas de fierro fundido desaparecen y se cuentan por centenares las unidades que son presuntamente hurtadas.
La diputada del PRI destacó que las coladeras metálicas son vendidas a cinco pesos por kilo, por lo que los presuntos ladrones reciben aproximadamente 250 por unidad al ofrecerlas en negocios de fierro viejo, lo que ocasiona que el gobierno de la Ciudad de México gasta 12 mil pesos en reponerla.
La Iniciativa propone adicionar el cuarto párrafo de la fracción III, Apartado A) del artículo 224 del Código Penal capitalino, con el fin de que se imponga una pena de dos a seis años de prisión a quien enajene, posea, adquiera, trafique, emplee o reciba elementos del equipamiento o mobiliario urbano que hayan sido obtenidos a través del robo.
La Iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y posterior dictaminación.
KT