El lunes 13 de diciembre, la diputada federal del PRI Laura Haro Ramírez denunció que Colomos III corre el riesgo de perder 57 mil metros cuadrados de áreas verdes por la falta de protección y defensa del gobierno de Jalisco.
Haro Ramírez mencionó que funcionarios del gobierno de Jalisco no acudieron a la audiencia que se celebró el pasado 24 de septiembre para desahogar las pruebas, donde se debía demostrar la propiedad de dichos terrenos, luego de que el juzgado segundo de Distrito en materia Administrativa resolvió conceder la posesión de las hectáreas a un particular que dice ser el propietario.
La diputada exhortó al gobierno de Jalisco a continuar la lucha jurídica “que los gobiernos pasados sí hicimos, que continúe la lucha de muchas décadas de los colectivos ciudadanos”. También instó a luchar por el patrimonio socio ambiental de las familias jaliscienses porque aseguró que “Colomos es de todos los Jaliscienses”.
Asimismo, Ramiro Hernández, presidente del PRI Jalisco, indicó que en los próximos días solicitarán a la Contraloría del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción se investigue el actuar de quienes resulten responsables.
Los ayuntamientos no están exentos, “hay un impacto muy importante a nivel de los municipios de la zona metropolitana”, por lo que afirmó que los tendrán al tanto de las acciones legales que se vayan emprendiendo.
La diputada federal explicó que desde el PRI impulsaron y concretaron la declaratoria de área natural protegida de 37 hectáreas de dichos predios en 2014. Luego en 2017, se emitió un acuerdo para recuperar 12 hectáreas invadidas que forman parte del bosque de los Colomos, y en 2018 se consolidó un decreto de protección estatal de 207 hectáreas ubicadas en los municipios de Zapopan y Guadalajara.
Por todo lo anterior, la diputada y el presidente del PRI consideran grave que luego de la lucha de colectivos ciudadanos y el partido, la actual administración del gobierno del estado de Jalisco sea omiso en la defensa de dichos terrenos.
Según los datos de Haro Ramírez, de perder los 57 mil metros cuadrados de áreas verdes, manantiales y arroyos, el gobierno estatal deberá pagar al “supuesto propietario” una cantidad entre mil 500 y mil 800 millones de pesos, lo que equivale al valor aproximado del terreno en disputa.
MEN