Extorsión, ‘moches’, llevar migrantes haitianos a mítines políticos, robar propaganda, desvío de fondos, uso de bots en redes sociales y hasta comprar la voz de influencers son las razones por las que llegan las carpetas de investigación en los tribunales. Toda pinta a que esta guerra política podría convertirse en la más judicializada de los últimos años.
Entre enero y marzo de este año se han presentado 357 denuncias por delitos electorales en 32 fiscalías del país. A diferencia de hace seis años, cuando en el primer trimestre se radicaron 190 querellas políticas, ahora los proyectiles judiciales se han intensificado a un ritmo de cuatro demandas al día, el doble que las presentadas en el mismo periodo de 2018.
Las acusaciones que aparecen en los expedientes, que van desde lo más absurdo hasta señalamientos que podrían ameritar cárcel, muestran que las elecciones federales del 2 de junio de 2024 ya están en tribunales, por lo que el papel de las fiscalías locales, primero, y de los jueces del país, después, están siendo sometidos a una presión inédita.
Elecciones, una guerra de todos los actores políticos
El 12 de marzo pasado, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que desde el Poder Judicial traman la nulidad de los comicios presidenciales. “Así están. ¿Quién sabe qué encuesta están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X. González a José Ramón Cossío?”, dijo.
No obstante, estadísticas obtenidas a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que este bombardeo de demandas está siendo lanzadas por los distintos actores políticos involucrados en la elección. Pareciera una guerra de todos contra todos, porque las querellas provienen del frente integrado por PAN, PRI y PRD, desde la trinchera de Morena, PVEM y PT y a partir de la barricada de Movimiento Ciudadano.
Hace seis años, las acusaciones de complots y financiamiento turbio surgían principalmente desde el entorno del candidato presidencial de Morena, hoy las demandas se extienden a todos los cargos públicos: entre alcaldes de municipios remotos, candidatos a diputados, senadores, gobernadores y los propios presidenciables.
Como ejemplo, en enero de este año el partido en el poder denunció al candidato de la coalición Fuerza y Corazón por la Ciudad de México, Santiago Taboada, a quien adjudican llevar migrantes de nacionalidad haitiana, quienes ni siquiera entendían que hacían ahí.
“Taboada se aprovecha de la situación vulnerable en la que se encuentran debido a su situación migratoria. Hay una operación que implicaría a funcionarios públicos miembros del PAN”, aseguraron desde la bancada de Morena en el Congreso.
Otra más: dos ex funcionarios y empleados de Comunicación de la entonces alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, denunciaron que ella intentó obligarlos a elaborar un comunicado de prensa en contra del candidato a la Jefatura de Gobierno capitalino, Santiago Taboada.
A unas semanas de la votación, las demandas se extienden de norte a sur del país y, por lo pronto, ya muestran un incremento del 88 por ciento, en comparación con el primer trimestre del 2018.
Se acumulan expedientes en la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene actualizada la información hasta febrero del presente 2024, y reporta que desde sus oficinas se han abierto 31 carpetas de investigación por violaciones al Código Penal Federal y por infringir la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
De estas hay varias muy relevantes, como la denuncia interpuesta en enero de este año por parte de la candidata Xóchitl Gálvez en contra de la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum.
La ex senadora se basaba en las declaraciones de Sanjuana Martínez, ex directora de la agencia estatal de noticias Notimex, quien aseguró que funcionarios del Gobierno Federal le habían pedido el 20 por ciento de las liquidaciones de los trabajadores de la agencia para la campaña de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México.
“Es el típico caso de ‘moche’”, acusaba Gálvez. “Se le pidió moche [a Sanjuana Martínez] por las indemnizaciones de los trabajadores de Notimex. Fue una funcionaria de Morena la que declaró la petición de recursos públicos a favor de la candidata Sheinbaum”, argumentó la candidata de Fuerza y Corazón por México.
A semanas de los comicios no se descarta la utilización por parte de tirios y troyanos de acciones que contravengan la ley electoral y por lo tanto las consecuentes demandas en las fiscalías especializadas.
Y no es para menos, por lo que habrá en juego durante las elecciones de este 2024, donde se elegirán un total de 629 cargos a nivel federal entre las que se encuentran 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 19 mil 634 cargos locales en todo el país y la joya de la corona: la Presidencia de la República.
KGA