MONTERREY.- En 2018, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón promovió una consulta popular en el marco del proceso electoral, tendiente a preguntar si a los nuevoleoneses les gustaría que los parques estatales tuvieran casetas de primeros auxilios.
Se gastaron 30 millones de pesos para ello, y el resultado fue abrumadoramente a favor. Hoy, a unos meses de que acabe su administración, esto no se ha cumplido, lo que deja de manifiesto la falta de certeza en la aplicación de la Ley de Participación Ciudadana, sostuvo Carlos Osoria, Maestro en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid.
Y es que si bien nació con amplia expectativa en el 2016, la Ley de Participación Ciudadana se ha quedado muy corta, pues a 5 años de distancia, varias de sus figuras siguen sin aplicarse a falta de una reglamentación.
Pese a que los transitorios obligaban a generar esos lineamientos para generar certeza, el Congreso local ha pecado de omisión a la hora de atender esos pendientes.
Como ejemplo, la figura de revocación de mandato, que permite someter a análisis la permanencia del gobernador en turno, jamás se terminó de legislar.
A decir de Osoria, la reforma a la Constitución Mexicana del 2019, en su artículo sexto transitorio, dio un plazo de año y medio a los estados para homologar la normativa.
Pero el problema no queda ahí, según refirió el también catedrático de la U-ERRE. El resto de las figuras contempladas en la ley, como la consulta popular, la consulta ciudadana, el presupuesto participativo, las iniciativas populares, las audiencias y el plebiscito también carecen, en la mayoría de los casos, de reglas claras.
Osoria urgió a los diputados locales, que tomarán posesión el 1 de septiembre, para que en sus agendas legislativas contemplen las reglamentaciones pendientes a la Ley de Participación Ciudadana.
De lo contrario, la reforma que fue un anhelo por años, continuará como una letra muerta en Nuevo León.
ard